El Consejo Federal Pesquero aceptó distribuir las cuotas de pesca entre las empresas históricas del sector, desestimando las denuncias de cánones irrisorios y falta de competencia.
La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) y la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura saludaron la decisión «para otorgar seguridad jurídica a las empresas pesqueras que operan en nuestro país» reconociendo «el historial de capturas de las empresas en el caladero, las inversiones realizadas, los productos exportados y la cantidad de mano de obra ocupada por las mismas, que son los parámetros principales que el Art. 27 de la Ley Federal de Pesca establece para que se puedan adjudicar las cuotas de captura«.
El CFP, (integrado por el gobierno Nacional y representantes de las provincias con litoral marítimo) decidió resolver el conflicto, luego de que la firma española Iberconsa, de origen español pero controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity, informara a la Embajada de Estados Unidos de un pedido de coimas por parte de supuestos emisarios del gobierno, para integrar a un grupo de firmas que se quedarían con los derechos de pesca de merluza en el Mar Argentino por los próximos quince años.
Industria El Corsario S.A.
Las cámaras señalaron que «de esta forma se dio fin a la incertidumbre que se había creado a principios de este año, cuando se propusieron alternativas diferentes a las establecidas en la Ley Federal de Pesca para la renovación de las cuotas de captura que vencían el 31 de Diciembre de 2024″.
El complejo pesquero de merluza común alcanza a 50.000 trabajadores que se desempeñan de manera directa o indirecta en el sector, una cadena de valor que tiene más de 500 buques que pescan en el Mar Argentino, 146 establecimientos en tierra, 237 armadores, 200 empresas industriales, 316 empresas comercializadoras y 340 transportistas.