La Senadora Noción Mónica E. Silva de Juntos Somos Rio Negro se sumo al rechazo y repudio del Decreto de Necesidad y Urgencia promovido por Federico Sturzenegger y avalado por el Presidente Javier Milei que permite la importación de maquinarias y equipos usados.
Mediante el proyecto de Declaración (S-0632/2025), Silva expresa «Su profunda preocupación y repudio por el Decreto 273/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 15 de abril del corriente año, por el cual se deroga el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), que habilita de este modo la importación de maquinarias y equipos usados sin
restricciones, lo que podría representar un grave perjuicio para la producción nacional, la generación de empleo, la competitividad de la industria local y poner en riesgo la calidad de los bienes que circularán
en el mercado interno».
Entre los fundamentos de proyecto. la Senadora Nacional manifiesta «Dicha medida resulta profundamente regresiva desde el punto de vista industrial, económico, social y ambiental. Lejos de promover un desarrollo sustentable, el decreto en cuestión habilita el ingreso libre de maquinaria y equipos usados sin necesidad de acreditar su aptitud funcional, eliminando criterios técnicos que durante décadas permitieron un control racional sobre la incorporación de bienes al parque productivo
argentino».
Consorcio de Gestión de Puerto Quequén
CRITICAS AL MINISTRO DE ECONOMIA LUIS CAPUTO
La legisladora se refirió a las expresiones del Ministro de Economía «Esta decisión celebrada por el Ministro Caputo en su cuenta de “X” donde dice que se eliminó “una medida burocrática con más de 30 años de vigencia que exigía la tramitación del Certificado de Importación” implica una apertura indiscriminada al ingreso de tecnologías obsoletas, con escasos o nulos controles previos, habilitando en la práctica el desplazamiento de la industria nacional que hoy fabrica, ensambla o repara maquinaria de manera competitiva. Además, se introduce un sistema de declaraciones juradas autogestionadas por los importadores, en reemplazo de las auditorías y certificaciones que requería el CIBU, reduciendo así el rol del Estado en la fiscalización previa«.
Mònica Silva finaliza sus fundamentos con una lapidaria definición «En suma, el Decreto 273/2025 atenta contra principios fundamentales de una política industrial soberana, al renunciar al control estratégico del
equipamiento productivo que ingresa al país. Esta decisión afecta directamente a las PyMEs industriales, a los trabajadores del sector productivo, a los consumidores y al medio ambiente, comprometiendo el
tejido productivo argentino«.
El proyecto de declaración impulsado por la legisladora nacional, fue acompañada por su par María E. Duré.