Argentina y Paraguay enfrentados por el peaje del tramo Santa Fe – Confluencia

La Vía Navegable Troncal (VNT) es la columna vertebral de Argentina y sus países vecinos, en especial Paraguay, ya que circula el 80% de su comercio internacional en 3518 barcazas registradas, que necesitan poca profundidad para navegar.

Tras haberse resuelto un conflicto similar el año pasado, donde también participaron las Cancillerías de con Bolivia, Brasil y Uruguay, nuevamente se afianza la tensión con ese país por la tarifa del tramo norte de la Hidrovía, conocido como el tramo Santa Fe – Confluencia. 

En este contexto, este martes al mediodía, Javier Milei se reunirá con el presidente paraguayo, Santiago Peña después de hablar en la apertura de la Conferencia Política de Acción Conservadora (Cepac).

En el tramo Santa Fe – Confluencia (donde se confluyen los ríos Paraguay y Paraná), se garantiza una profundidad de 10 pies y el peaje por tonelada de registro neto pasó de US$1,20 que se cobraba hasta agosto de 2025, a US$ 1,47 desde este mes. Esto quiere decir que se dio de baja la disminución de la tarifa con la que se había destrabado el conflicto de hace un año.

La nueva tarifa fue comunicado por la Argentina en los primeros días de septiembre al Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) de Paraguay y a la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (Cptcp). “Este ajuste representa un encarecimiento directo de los costos logísticos y una amenaza a la competitividad regional”, expresaron en comunicado dado a conocer por la Cafym.

A principio de este mes, desde el Gobierno Argentino señalaron que, en el marco del reordenamiento llevado adelante en el Río de la Plata para el mantenimiento de las condiciones de navegabilidad y ordenamiento del tráfico y de manera temporal, se entiende “oportuno y necesario” propiciar una bonificación de la tarifa de peaje para todos aquellos buques que hagan uso de la Vía Navegable Troncal.

En la resolución, Argentina, explicó que la bonificación de la tarifa de peaje busca potenciar el flujo de buques y estimular el desarrollo del comercio bilateral y regional. Y agregó que dicha medida tendrá un plazo de 60 días. Es decir, finaliza el 3 de noviembre de este año.

Consorcio de Gestión de Puerto La Plata

“La Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay firmaron el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná en 1992 «Durante los 33 años de vigencia del tratado ha habido una dinámica muy fluida, además de un crecimiento sostenido de la producción. Sin embargo, este peaje, pagado por los armadores que circulan por la Hidrovía, constituye un gravamen de US$40 o US$50 millones por año”, sostuvo el Centro de Armadores de Paraguay.

Por su parte, la expresidenta de la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo (AUDM), Florencia Sciarra Marguery, dijo al diario El País de uruguay, que la reciente suspensión por 60 días del cobro del peaje en la Hidrovía es, sin dudas, una buena noticia para su país.

“El alivio económico inmediato es innegable: hablamos de un sobrecosto millonario que afecta la competitividad del comercio exterior”, dijo la profesional.

Sin embargo, advirtió que Uruguay no debe perder de vista que se trata de una medida temporal. “Es un respiro, no una solución definitiva. Y además, llega acompañada de una contrapartida política: la remoción de un funcionario en la CARP, exigida por Argentina”, recordó.

Desde el sector de dragado y balizamiento en la Argentina afirmaron que este tramo conlleva trabajos de mantenimiento, aunque más esporádicos que el tramo de Santa Fe al sur, que necesita más profundidad .

Este no es el único punto en discusión. También desde Paraguay criticaron otras cuestiones, como tasas de migraciones, controles aduaneros, digitalización de documentos de embarque, el requerimiento de que haya baqueanos en las embarcaciones de algunas banderas, entre otros.

El envión «desregulador» de la Argentina, también sufre embates desde el exterior, el «lobby» del transporte fluvial – especialmente paraguayo – exige la liberación del cabotaje nacional, frenado por el Congreso Argentino y ahora impulsado, mediante un simple acto administrativo, por el gobierno de Javier Milei.

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