La Cámara en lo Contencioso Administrativo falló en su contra en dos juicios similares que la empresa inició contra el municipio para no pagar el Derecho de Registro e Inspección. La Corte Suprema provincial tiene la última palabra.

Según informa «Letra P», la sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con la firma de los jueces Marcelo Molina, Alejandro Andrada y Marcelo López Marull, emitió dos fallos en contra de Terminal Puerto Rosario (TPR). Las resoluciones se suman a una lista de reveses judiciales para la firma que tiene como socios a la chilena Ultramar y al gigante caído en desgracia Vicentin.
Las decisiones del Tribunal rechazan el reclamo del concesionario del puerto rosarino, que insiste en su postura de que no le corresponde pagar el Derecho de Registro e Inspección (DReI). Esa tasa se calcula de acuerdo a la facturación mensual e impone al municipio, como contraprestación, ofrecer servicios de seguridad e higiene.
No es el primer fallo en contra de este estilo que recibe TPR. Hace algunas semanas se conoció otra sentencia de la misma cámara y en igual sentido. Los argumentos esgrimidos y los fundamentos de los magistrados son casi calcados, pero se ventilaron en distintos juicios porque se trata de deudas generadas en períodos diferentes: uno comprende desde enero de 2019 a julio de 2020; otro, de agosto de 2020 a septiembre de 2021; y el tercero, de octubre de 2021 a abril de 2022. En total, el monto reclamado orilla los $100 millones más intereses y una multa del 300%.

El frente judicial contra el municipio que conduce Pablo Javkin es uno más de los que tiene abiertos TPR, que administra la terminal portuaria rosarina desde hace 15 años. También mantiene otro con el gobierno de Maximiliano Pullaro, contra el que libró una batalla silenciosa con el objetivo de lograr que el Ejecutivo le extendiera la concesión que vence en 2032. A cambio, ofrecía hacer un fuerte desembolso para refaccionar los muelles -tienen tres y dos de ellos estaban fuera de servicio-, mientras tanto el gobierno provincial sostenía lo contrario: primero las refacciones, después se discutirá la extensión.
En el ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Gustavo Puccini, se quejaban además de la modorra de TPR a la hora de ofrecer los servicios del puerto y buscar clientes. Así las cosas, TPR estiró la negociación todo lo que pudo, pero cuando Pullaro obtuvo la posibilidad de ser reelecto, perdió la esperanza de que haya otro gobierno a partir de 2027 y entendió que debía ceder. Por eso, anunciaron una inversión de US$30 millones sin que Pullaro y Puccini les aseguraran una extensión del contrato.