La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial denunciaron penalmente a los responsables de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por la audiencia pública convocada para tratar las condiciones de licitación de la gestión de la Hidrovía.
Esta reunión está prevista para este 3 de noviembre “y busca convalidar un nuevo salto en el proceso de profundización de la Vía Navegable Troncal (VNT)” sobre el río Paraná, señalaron desde la organización.
En el encuentro, se adelantó, se presentaría un informe por el cual se trataría de evadir los requisitos de la Ley General del Ambiente, se apuntó.
En una resolución de principio de mes, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, convocó para el 3 de noviembre a una audiencia pública. El objeto, “poner en consideración de la ciudadanía el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal para el régimen de concesión de obra pública por peaje y/o de concesión de servicio público mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones”, para “la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado” del río Paraná, señala el texto al que accedió ERA Verde. Justamente en esta instancia previa para el llamado a ofertas para la gestión de la denominada hidrovía Paraguay-Paraná se prevé compartir un documento que fue cuestionado por la AAAA-CAJE, que interpuso una acusación penal.
“Lo que está en juego para nuestro país es crucial: el gobierno nacional pretende habilitar el paso del dragado de 36 a 40 pies —y eventualmente más— sin contar con Evaluación de Impacto Ambiental válida, sin intervención de las áreas ambientales nacional y provinciales, y sin garantizar el acceso a la información ni la participación pública efectiva”, expresaron los abogados ambientalistas en un comunicado.
PAPEL PICADO
“El documento que se presenta no es un Estudio de Impacto Ambiental, tal como exige la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Es apenas un informe fragmentario de ‘gestión ambiental’ sobre hechos consumados. Lo admite la propia ANPyN por escrito: las obras ya están en ejecución y no hubo una evaluación previa. Se trata de un intento de legalizar a posteriori el avance de un modelo extractivista que está destruyendo el río y desmantelando el control democrático sobre su gestión”, manifestaron en una declaración pública los abogados ambientalistas.
Los profesionales apuntaron a que se trata de un daño profundo. “Esta intervención busca modificar de forma definitiva los humedales y el cauce del Paraná, transformándolo en un canal exclusivamente al servicio de las corporaciones exportadoras, sin vida, sin control y sin retorno, desertificando el sistema de humedales, sus diversidades y culturas”.
EXHORTACIÓN
Los abogados ambientalistas, además de impugnar la legalidad del acto, llamaron de forma “urgente y masivo a la participación ciudadana. Si el Estado impide el acceso, somos nosotros quienes vamos a amplificarlo. Vamos a participar si la Justicia no detiene esta ficción y queremos que más personas y organizaciones lo hagan. La inscripción cierra el viernes 31 de octubre a las 23:59”.
La denuncia fue presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) el 22 de octubre y se encuentra en curso de investigación por las graves irregularidades administrativas y las sospechas de corrupción. “Invitamos a todas las organizaciones sociales, ambientales, sindicales, académicas y territoriales a inscribirse, a hacer oír su voz y a sumarse a esta convocatoria. Porque lo que se está decidiendo no es un trámite burocrático administrativo más: es el futuro del Paraná como ecosistema vivo o como zanja para el saqueo”, manifestaron desde los Abogados Ambientalistas, quienes finalizaron con la arenga: “No hay democracia ambiental sin información, sin estudios y sin participación. Sin río, no hay salud. Sin controles, no hay derechos”.
De la Redacción de ERA Verde