El misterio del Boeing militar que aterrizó en la ciudad de Ushuaia, finalmente tiene una explicación oficial, aunque las respuestas no bastaron para calmar el clima de sospecha en Tierra del Fuego.
Lo que este domingo se vivió como un aterrizaje «fantasma» sin tripulantes identificados, y si programación de vuelo conocida, hoy se reveló como una misión clave de legisladores estadounidenses en una zona que el gobierno de Donald Trump observa con atención.
La llegada de la delegación se produjo apenas tres días después de que el Gobierno Nacional interviniera el puerto de Ushuaia, un movimiento que la mayoría de los argentinos leyó como el primer paso para entregarle el control estratégico de la zona a Estados Unidos.
Finalmente, la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires comunicó que se trató de una “delegación bipartidista del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes” sic.
Según el comunicado, los congresistas viajaron a la Patagonia para abordar una agenda técnica que incluyó el procesamiento de minerales críticos, la gestión de residuos mineros y la investigación en salud pública.
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A pesar de lo informado, el hecho de que se trasladaran en un Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea, sin previo aviso a las autoridades locales, mantuvo en alerta a los fueguinos, que hoy se encuentran en alerta por la intromisión del gobierno federal sobre los legítimos derechos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Desde el Gobierno provincial, la reacción fue de absoluta desconfianza. El secretario jurídico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, advirtió que la visita generó «mucha inseguridad» debido a que no existió ninguna comunicación previa con las autoridades locales. Fossatto señaló que la ubicación del puerto de Ushuaia es demasiado valiosa como para creer que se trató de una simple visita de rutina sobre ambiente.
Por su lado, la Senadora Nacional Cristina López le exigió explicaciones urgentes al Poder Ejecutivo sobre el destino de la Base Naval Integrada. López denunció en sus redes sociales que Tierra del Fuego «no es una base militar extranjera» y reclamó transparencia sobre los acuerdos que el presidente podría estar cerrando a espaldas del Congreso.
La legisladora opositora vinculó directamente la llegada de los funcionarios con la teoría de una base naval conjunta, una posibilidad que el Gobierno de Javier Milei desmintió en reiteradas oportunidades, pero que sigue parte del debate de nuestro Atlántico Sur.