Javier Milei, Pablo Quirno y Carlos Presti fueron denunciados penalmente en Comodoro Py, por el acuerdo firmado con el Comando Sur de los Estrados Unidos, sin participación del Congreso.
La Constitución dice que solo el Congreso puede autorizar tropas extranjeras. El Gobierno usó el DNU 264/2026 para meter al Pentágono en el Atlántico Sur con los ejercicios «DAGA ATLÁNTICA», saltándose el debate legislativo.
La denuncia detalla que los sensores ISR y aviones donados por EE.UU. convierten a nuestra Armada en un simple «sensor remoto» que alimenta la inteligencia del Pentágono.
Según detallan especialistas, al aceptar la doctrina de «Bienes Comunes Globales«, el Atlántico Sur pasa a ser administrado por la Cuarta Flota. Esto blinda el saqueo pesquero británico y la base de la OTAN, desoyendo nuestro reclamo histórico.
La denuncia realizada en la Justicia Federal, contra Javier Milei, su canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti no los acusa de corrupción común ni de malversación de fondos; la acusación apunta a la posible existencia de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y, como delito subsidiario, traición a la patria.
La presentación judicial fue realizada por el Diputado Nacional Juan Marino, patrocinado jurídicamente por el constitucionalista Eduardo Barcesat. El expediente 3303/2026 recayó en el Juzgado Federal 10 y apunta a «desarmar una maniobra que el Gobierno intentó esconder bajo la alfombra del secretismo castrense«.
El fundamento de la denuncia radica en el DNU 264/2026 por el cual el Poder Ejecutivo autorizó el desembarco de medios, tecnología y personal del Pentágono para los ejercicios «DAGA ATLÁNTICA» y las maniobras de patrullaje PASSEX dentro de nuestra Zona Económica Exclusiva.
Fuente: argentinadesigual.com