Los Estados ribereños ejercen soberanía sobre su mar territorial. En este sentido el art. 245. de la CONVEMAR establece que el Estado ribereño tiene el derecho exclusivo de regular, autorizar y realizar investigaciones científicas marinas.
De esta forma otros Estados o sectores privados deberán contar con la autorización expresa del Estado ribereño.
Nuestro país participa en programas internacionales de investigación marina y las solicitudes deben ser aprobadas por el Consejo Federal Pesquero a través de actas. No obstante todo indicaría que, tal como sucedió con la expedición del CONICET y Schmidt Ocean Institute la presencia de científicos argentinos debería ser la protagonista de la investigación.
Este año, través del acta CFP 1/2026 se autorizó al buque ROGER REVELLER de Estados Unidos a realizar investigaciones marinas en aguas jurisdiccionales argentinas (no solo en el mar territorial) con el objetivo principal de rastrear los cambios en la temperatura, niveles de oxígeno y dióxido de carbono de origen humano en el Océano Atlántico desde el último estudio realizado en 2014.
El buque de investigación R/V Roger Revelle es un buque de investigación de clase mundial de gran capacidad que opera a nivel mundial como parte de la Flota de Investigación Académica de la armada de Estados Unidos . Operado por la Institución Scripps de Oceanografía como una instalación de uso compartido. El Roger Revelle está a disposición de todos los científicos financiados por agencias federales, estatales y otras agencias de los Estados Unidos a través del Sistema Universitario-Laboratorio Oceanográfico Nacional (UNOLS).
Además, el Consejo Federal Pesquero, autorizó a una investigadora argentina a participar como observadora en esa investigación y se requirió al Estado solicitante la entrega de los informes preliminares y finales con anterioridad a su publicación.
Estos estudios, son realizados habitualmente por el INIDEP, y el Conicet en el marco del proyecto «PAMPA AZUL» que específicamente tiene estos objetivos. «Pampa Azul busca avanzar en la investigación, desarrollo e innovación que contribuyan a la soberanía y seguridad nacional y al desarrollo social, económico y ambientalmente sostenible con foco en: la innovación tecnológica, la inclusión social con perspectiva de género, la protección de los bienes naturales marinos y la integración de los entornos marinos y costeros. Asimismo, promueve la formación de capacidades en las disciplinas científicas y áreas tecnológicas afines, que permitan desarrollar políticas públicas de preservación y gestión efectiva con perspectiva federal«.
La Ley Nº 27.167 (ley PROMAR), aprobada por el Congreso de la Nación en 2015, establece un fondo permanente para de financiación de la investigación científico-tecnológica en el Atlántico Sur que constituye el soporte principal para la implementación de Pampa Azul.
La presencia de buques de investigación y de la Guardia Costera de Estados Unidos, los acuerdos firmados por distintos estamentos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, entre ellos el «Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales», en este caso suscripto entre la Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos, o el acuerdo firmado entre la Administración General del Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de Estados Unidos sobre la Vía Navegable Troncal, nos lleva a pensar si no es hora de la intervención concreta del Congreso de la Nación y del Poder Judicial, en defensa de nuestros derechos soberanos sobre nuestro mar.