El presidente Javier Milei reunió al Gabinete en la Casa Rosada, con una agenda que estuvo dominada por la estrategia oficial en torno a la cuestión Malvinas y el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto que endurece las sanciones a las empresas que operan sin autorización argentina en el archipiélago.
El Gobierno nacional enviará esta semana al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que buscará endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con la exploración petrolera y la pesca en aguas de las Islas Malvinas sin autorización argentina.
La iniciativa es desarrollada por el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros funcionarios. La intención oficial es que ingrese durante la semana del 14 de septiembre y comience a debatirse en la Cámara de Diputados entre fines de ese mes y principios de octubre.
Uno de los principales objetivos será reforzar la Ley 26.659, vigente desde 2011, que establece restricciones para compañías que participen de la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado.
El nuevo régimen ampliaría esas penalidades a la pesca no autorizada y podría contemplar inhabilitaciones para operar en el país, decomiso de buques o capturas y fuertes sanciones económicas. El alcance también podría extenderse a empresas asociadas, filiales, accionistas y proveedores que presten apoyo logístico u operativo.
A la vez, el proyecto incorporaría un mecanismo para que las compañías que abandonen negocios petroleros o pesqueros autorizados por las autoridades isleñas puedan obtener el levantamiento de las sanciones argentinas.
Otro capítulo estará enfocado en el control del Atlántico Sur. Cancillería analiza bajo qué condiciones determinados barcos que ingresen a las 200 millas argentinas podrían ser considerados hostiles si previamente colaboraron con operaciones petroleras o pesqueras en Malvinas. La medida deberá ajustarse a las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En paralelo, el Gobierno apunta a fortalecer las capacidades de vigilancia mediante tecnología satelital. En los últimos días fueron reasignados unos $120.000 millones a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), con el objetivo de mejorar el seguimiento de buques y proporcionar información en tiempo real a la Armada y la Prefectura Naval.
BASE NAVAL INTEGRADA
La iniciativa también prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, integrado, entre otros organismos, por Defensa, Cancillería, Seguridad y la SIDE. Tendrá como uno de sus objetivos resguardar los intereses estratégicos argentinos en Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, además de proteger infraestructura crítica.
La estrategia oficial se completa con el impulso a la futura base naval integrada de Ushuaia . El proyecto contempla un muelle de 500 metros, instalaciones logísticas y una pista desde la cual podrían operar aviones Hércules C-130 y aeronaves Orion destinadas a tareas de vigilancia marítima.
En paralelo, Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por su presunta participación en actividades hidrocarburíferas en las islas y presentó una denuncia penal contra compañías vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion.