El Gobierno envió a Diputados un proyecto que endurece sanciones con penas que van desde la inhabilitación hasta la cárcel por explotación no autorizada en Malvinas y crea un Consejo de Seguridad Nacional.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que eleva las penas por la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y el Atlántico Sur, establece sanciones económicas y crea un Sistema de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente. La iniciativa, amplía las prohibiciones para explotar recursos naturales en Malvinas y refuerza la protección aeroespacial y marítima.
la Cámara de Diputados recibió el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que eleva drásticamente las penas para quienes exploten recursos naturales en las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes sin permiso del Estado argentino. El texto lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y el ministro de Economía Luis Caputo.
El nuevo régimen establece penas de hasta 20 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones. Las sanciones podrán alcanzar también a proveedores, socios, accionistas y controlantes de las empresas involucradas.
Las escalas penales que propone el Ejecutivo son las siguientes:
1 – Quien explore o explote recursos naturales no renovables sin autorización enfrentará entre 12 y 20 años de prisión. Si la actividad involucra específicamente extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la pena sube a un rango de 15 a 20 años, con multas que pueden llegar a 3 millones de barriles de petróleo equivalentes. Los proveedores de bienes o servicios esenciales que participen conociendo el destino ilícito de su aporte podrán recibir entre 5 y 7 años de prisión, mientras que las multas para las empresas involucradas se ubican entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo.
2 – A las penas privativas de la libertad se suman sanciones administrativas: inhabilitaciones de 5 a 20 años para ejercer actividades económicas, suspensiones que pueden extenderse hasta 30 años, revocación de habilitaciones y pérdida de beneficios impositivos. El proyecto también incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización, que permite a las empresas abandonar la actividad irregular mediante el pago de una multa, una vía de salida que atenúa el carácter estrictamente punitivo de la norma.
Tras el envío de la ley al Congreso, el Ejecutivo le pidió a la dirigencia política “poner en pausa otras discusiones” para priorizar el tratamiento del paquete de medidas.