Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, se desarrolló en Vigo – España, un evento científico organizado y financiado por la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3), para tratar la gestión del Illex Argentus en el Atlántico Sur.
El taller, del que diera cuenta informemaritimo.com, reunió a científicos y representantes del sector pesquero de España, Brasil, Uruguay, China y Corea del Sur, junto con las autoridades que administran de hecho las Islas Malvinas, excluyendo deliberadamente a la Argentina del debate.
En ese contexto, ya nos planteábamos si el Gobierno nacional, a través de sus organismos competentes, no debía intervenir, al menos exteriorizando su rechazo, a este evento, por la vía diplomática «La pregunta es, tratándose de un recurso con una importante incidencia en la industria pesquera argentina, nuestro país ¿no tiene nada que aportar a estos estándares «científicos» realizados por empresas de países que depredan el Atlántico Sur con sus flotas? – ¿Es lógico que, justo estas empresas y estos países, analicen como gestionar una pesquería que no les pertenece? – ¿La Argentina y las empresas nacionales, no tiene nada que decir al respecto?«
Los primeros en hacerse eco de este hecho fueron las organizaciones gremiales que por entonces se encontraban en Panamá, en el plenario internacional de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), y reclamaron ante el organismo global que «se pronuncie en rechazo a la reunión de referencia en las condiciones en que ha sido convocada, que comunique esta posición a las organizaciones afiliadas en los países participantes, que exhorte a los organizadores a no presentar las conclusiones del taller como consenso científico regional y a no convocar a las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas en futuros encuentros, y que promueva la participación de la República Argentina y de las Organizaciones de trabajadores del mar en todas las instancias en que se trate la gestión de este recurso«.
En las últimas horas, y con los hechos consumados, se conoció la opinión de las cámaras empresarias que expresaron «El problema central para Argentina reside en que una eventual OROP podría otorgar a las islas un estatus equivalente al de un Estado ribereño en una estructura internacional de administración pesquera. Esta formulación generó malestar entre representantes de la flota potera, quienes sostienen que un plan de manejo efectivo no es viable sin la participación argentina y sin los datos científicos producidos por el INIDEP«.
Las preguntas persisten. Tratándose de un recurso transzonal que se moviliza e ingresa a la ZEE argentina desde el mar adyacente. Que nuestro paìs mantiene la condición de país ribereño. Que el marco legal argentino específicamente expresa que ninguna evaluación del calamar Illex puede considerarse válida sin el país que administra el recurso, de acuerdo a la Ley 24.922. Que el órgano encargado de administrar los recursos pesqueros en nuestros paìs y por lo establecido en la misma ley es el Consejo Federal Pesquero. Que el gobierno argentino tiene presente «su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su zona económica exclusiva y en el área de alta mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de alta mar adyacente a ella, la República Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en el alta mar«.
Por estos y muchos «motivos» más, como ciudadanos tenemos el derecho de preguntar ¿qué está haciendo nuestro gobierno para interpelar supuestos estudios científicos sin la participación de los verdaderos dueños del recurso investigado e incorporando al gobierno usurpador de nuestro territorio? y la pregunta más dolorosa aún ¿cuanto le interesa la Gobierno nacional, defender los recursos naturales de nuestro Atlántico Sur?.
Redacción Informe Marítimo