Halliburton anunció que dejará de participar en actividades de exploración y producción en las Islas Malvinas y sus alrededores, luego de tomar contacto con autoridades argentinas por la nueva legislación vinculada con la explotación de recursos naturales en las islas.
La empresa estadounidense de servicios petroleros anunció que ni ella ni sus subsidiarias participarán en actividades de exploración o producción en las Malvinas o sus alrededores, tras mantener contactos con autoridades argentinas respecto a la nueva legislación nacional sobre recursos naturales
Tras conocerse la salida de la compañía estadounidense, las acciones de Rockhopper Exploration registraron una fuerte caída en la Bolsa de Londres. La petrolera británica aseguró que el proyecto Sea Lion continúa en marcha y que busca reemplazar a los contratistas que se retiraron.
A pesar del golpe financiero y las sanciones impulsadas por el gobierno argentino, Rockhopper (que desarrolla el proyecto junto con la israelí Navitas) sostuvo que Sea Lion sigue en pie y se encuentra en la búsqueda de nuevos proveedores. Pese a las advertencias, Rockhopper anunció posteriormente la adquisición de una participación en una plataforma flotante para intentar sostener los planes del yacimiento.
EE. UU. ADMITIO SU PREOCUPACION POR LA «LEY MALVINAS»
En conferencia conjunta en el Palacio San Martín, el vicesecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, reconoció que la Casa Blanca vigila los intereses de sus corporaciones frente al régimen de sanciones propuestas en el proyecto libertario.
A cambio de desembolsos en seguridad, el Corredor Andes-Atlántico e intervención en las redes de ARSAT, Washington exigió desmantelar el C-24 – Comité de Descolonización – de la ONU, ámbito histórico del reclamo soberano argentino. El gobierno argentino se abstuvo ante la propuesta norteamericana.
La visita de los emisarios del Departamento de Estado blanqueó un paquete de concesiones y presiones cruzadas. Mientras Washington puso sobre la mesa financiamiento para seguridad, ciberdefensa y la promesa de hasta USD 7.000 millones a través del Exim Bank para el estratégico Corredor Andes-Atlántico, exigió dos prendas de alto costo soberano: revisar el alcance del régimen sancionatorio sobre sus empresas asociadas al enclave en Malvinas y convalidar la disolución del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), el órgano multilateral donde la Argentina ratifica anualmente sus derechos territoriales desde 1965.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno intentó defender la iniciativa argumentando que el régimen actual (Ley 26.659) «no le da al país las herramientas necesarias» frente a la fase de explotación. Negó que la norma apunte contra corporaciones específicas y ensayó una justificación de mercado:
«Esta ley no va en contra de nadie en particular. Esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas», sostuvo Quirno, planteando que las firmas deben decidir entre el volumen de inversión continental o el negocio clandestino insular.