El Gobierno de Santa Fe analiza el DNU que vuelve optativos a los serenos de buques y evalúa su impacto en la seguridad y el control en los puertos.
La medida tomada por el Gobierno Nacional, cuando Patricia Bullrich ejercía como Ministra de Seguridad, encendió alertas en el cordón industrial santafesino por su posible impacto en la seguridad Portuaria, el control estatal y el empleo. La norma es analizada por la administración provincial desde una perspectiva técnica y jurídica.
Así lo confirmó la Secretaria de Transporte de la provincia, Mónica Alvarado, quien señaló –en diálogo con AIRE “Estamos analizando el marco normativo vinculado al cabotaje, con una mirada integral orientada a promover un esquema que esté a la altura de las exigencias que hoy plantea el tráfico fluvial y la Hidrovía, en términos de eficiencia operativa, competitividad y previsibilidad”, afirmó la funcionaria.
Consorcio de Gestión de Puerto Quequén
Alvarado remarcó además que cualquier adecuación normativa debe ser evaluada con extrema cautela. “Somos muy cuidadosos de que cualquier cambio no afecte derechos constitucionales de los trabajadores ni funciones vinculadas a la seguridad y al control en los puertos”, sostuvo, y subrayó que se trata de “un tema con múltiples aristas operativas, laborales, de seguridad y de competencia”.
En ese sentido, indicó que la Provincia de Santa Fe está construyendo una posición institucional que combine “responsabilidad técnica y solvencia jurídica”, en un contexto donde la Hidrovía Paraná-Paraguay cumple un rol estratégico para el comercio exterior argentino y el desarrollo productivo regional.
Por su parte , el Sindicato de Serenos de Buques, impulsa gestiones para que Santa Fe adopte una decisión similar a la de la Provincia de Buenos Aires. Allí, donde el Ministerio de Trabajo declaró la inaplicabilidad del DNU nacional y resolvió que la contratación de serenos de buques continúe siendo obligatoria en todos los puertos bonaerenses.
El dictamen, firmado por el ministro Walter Correa, sostiene que la norma nacional no resulta compatible con las competencias provinciales en materia laboral y de control portuario, y apunta a resguardar fuentes de trabajo y estándares de seguridad.