Por Juan Carlos Donato – En enero de 2009, los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y el de Producción, emitieron Resoluciones Conjuntas N° 1 y 2/2009, que suspendieron la exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.): hierro, acero estañados, Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras de amolado, aserrado, limado y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes y lingotes de chatarra, el 28/12/2009 el gobierno de entonces entendió debía proteger a la industria siderúrgica argentina para el “aprovisionamiento de metales ferrosos y no ferrosos, para ello dictó el Decreto 2261/2009, prorrogado en diciembre de cada año, hasta el último Decreto (909/2021) se publicó el 30/12/21, pero como no hay otro que lo derogue se lo considera vigente.
Así las cosas. Una medida suspensiva prevista para un término de 180 días que se extendió en el tiempo y se transformó en aliada de un problema ambiental que se agrava, porque previó en su articulado, ninguna obligación a las empresas siderúrgicas de retirar, desguazar y trasladar a disposición final, los buques en rezago, tampoco un régimen sancionatorio para el incumplimiento de ello, sumado a esto la pasividad de la autoridad marítima en aplicar la Ley 20.094 de Navegación, que faculta al organismo para el retiro de esas embarcaciones, formaron estas necrópolis de barcos abandonados por todo el país, que además del riesgo ambiental, afectan la seguridad de la navegación y la ocupación de muelles, medulares para la operatividad de cualquier puerto.
En marzo de 2022 la revista de críticos científicos “Carbono News” que elabora informes de perfiles ecológicos tituló en su publicación: “Puerto de Mar del Plata, el cementerio de barcos que puede volverse una bomba ecológica.” A 15 años de la publicación del decreto original, las consecuencias también son económicas, el mundo demanda chapa naval y sus componentes, personalmente he recibido en el puerto marplatense empresarios de India, Grecia, España y Brasil, que buscan comprar esos materiales, pero desisten rápidamente de realizar inversiones al encontrarse con la traba normativa.
Como siempre he creído que las críticas deben acompañarse con aportes, en 2022 me di a la tarea de escribir un proyecto de Ley para derogar la norma vigente y en el nuevo texto permitir la exportación, generar procedimientos dinámicos y ambientalmente sustentables de toda la cadena de tratamiento, hasta su disposición final de las embarcaciones para rezago, en cualquier lugar donde se encuentren.
Ese proyecto lo acerqué al Senado Nacional (a través de un Senador por Corrientes) y este lo presentó el 24 de agosto (ver extracto), dos meses después hice lo propio con el Ministerio de Economía para que en el caso que no tuviera eco en el Parlamento, el Poder Ejecutivo, mediante un Decreto ordinario, pudiera abordar la situación.
Nada cambió a la fecha y la chatarra naval sigue “in crescendo”. Argentina pierde la posibilidad de recaudar dólares que necesita, desarrollo de las economías regionales mediante la generación de nuevas fuentes de empleo a través de una actividad portuaria conexa sin explotar, como la remoción, extracción, traslado, desguace de buques y artefactos navales, mientras forma técnicos y obreros para nuevos trabajos, a todas luces beneficio directo a un amplio sector de la economía nacional. Mientras tanto el semáforo ambiental ya está en amarillo.
Juan C. Donato
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