La Legislatura comienza a tratar hoy el proyecto de ley que promueve el Ejecutivo y que cuenta con los votos para su aprobación. El sector empresarial y gremial mostró fuertes discrepancias con la propuesta de Torres.
El proyecto de ley por el cual se modifica el mecanismo de actualización de los valores del denominado canon de extracción pesquero para destinarlo en un 50% a infraestructura escolar comenzara a tratarse hoy en la legislatura chubutense.
Con esta iniciativa, el gobierno de Ignacio Torres buscar incrementar la tasa que deben abonar los titulares de permisos de pesca otorgados por Chubut.
La propuesta del oficialismo busca la modificación de los artículos 2 y 3 de la Ley XXIV Número 17, del artículo de la Ley IX Número 157 y del artículo 4, inciso b) de la Ley IX Número 157, para facultar al Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Rentas a establecer los precios de los recursos del mar, y el oficialismo cuenta con mayoría propia para lograr su sanción.
Distintos sectores empresariales y gremiales, como es el caso de el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA), advirtieron que podrían ir al paro si el proyecto es aprobado por los legisladores. Según explicó el dirigente Jorge Maldonado a FM El Chubut, implicaría una reducción en los sueldos de los trabajadores bajo el sistema «a la parte«. “Si el Gobierno quiere aumentar el canon pesquero, nosotros no saldremos a pescar”, sentenció.
Otras de las voces que manifestó su negativa fue el propio Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), quien observó con preocupación los cambios que busca Provincia. “Cada vez los costos nos generan problemas más grandes para ser productivos y ahora estamos atravesamos momentos complejos con los problemas sindicales y paritarios. Creemos que el proyecto que plantea el Gobierno no es oportuno”, dijo el directivo de la entidad empresarial.
“Esperamos que si se avanza en sesiones extraordinarias u ordinarias se convoque a todas las partes afectadas y podamos dar nuestro parecer. Es la misma discusión que tuvimos que dar a nivel nacional con los Derechos de Exportación que creíamos que era totalmente incoherente lo que quería el Estado Nacional de quedarse con el 15% de los derechos sin distinción del valor agregado de los productos”, agregó De la Fuente en declaraciones con la prensa este lunes.
El Proyecto de Ley N° 029/24, en la exposición de motivos, fundamenta que es necesario modificar las limitaciones que impone la nueva Ley de Pesca de Chubut de fijar los valores de los recursos del mar una vez al año, pasando a “facultar al Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Rentas para establecer con la periodicidad y en las condiciones que entienda conveniente el precio de los recursos del mar» explotados a través de concesiones estatales como lo son los permisos de pesca”.
“Ante las nuevas medidas económicas tomadas a nivel nacional, el valor determinado oportunamente en el mes de julio de 2023 ha quedado totalmente desvirtuado en comparación con la variación acaecida en la relación entre la moneda nacional y el dólar, significando ello un incremento de más de 210 %. Esta situación desvirtúa el valor del tributo que deben abonar quienes explotan el recurso natural de la provincia, por la posición de negocios en que ésta los pone en el otorgamiento de las permisiones, y actúa en desmedro de los recursos tributarios del estado provincial» indica el proyecto en sus considerandos.
El gobernador Ignacio Torres (PRO) indicó entre sus argumentos que fundamenta el proyecto girado a Legislatura, la política económica puesta en marcha por el Gobierno nacional de Javier Milei, que recortó completamente los fondos para obras públicas.
El Proyecto de Ley N° 029/24 especifica que “los fondos provenientes de la presente ley ingresarán a la orden de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Chubut como órgano del Sistema de Recaudación. El cincuenta por ciento (50%) de los mismos será afectado a obras de infraestructura escolar, estableciéndose vía reglamentaria el procedimiento correspondiente para lograr su cumplimiento”.