Roxana Reyes es diputada nacional por la provincia de Santa Cruz por la Unión Cívica Radical desde el año 2017. Ayer se opuso fervientemente en comisiones a la reforma del régimen federal pesquero que está en la ley ómnibus.
«Es un tema que nos preocupa mucho, y todos los gobernadores patagónicos y aquellos que tienen litoral marítimo, estamos oponiéndonos. Nos preocupa la posibilidad de no descargar en puertos argentinos o no poder usar mano de obra nacional. Esto viene a destruir la industria pesquera» dijo en una entrevista para Modo Fontevecchia, por Net TV.
Cuando todos los ojos se posan en cual será la posición del bloque de la Unión Cívica Radical con respecto a la Ley ómnibus, la legisladora aseguró «En realidad, la cantidad de tenedores de cuotas que tenemos es de pesqueras con capacidad de financiamiento diferente, que no necesitan llamar a una licitación. Además, no es cierto que el nivel de pesca está por debajo de límites normales, sino que está al límite de la sostenibilidad del recurso».
Con referencia a la importancia que tiene la industria pesquera para su provincia (Santa Cruz) la legisladora radical dijo «La industria pesquera es importante y, por lo tanto, tiene que ser cuidada. Nosotros tenemos cuatro puertos de aguas profundas, algunos de ellos necesitarían desarrollo para agregarle valor al producto. Tenemos una capacidad de producción, dentro de mi provincia, que con cuatro puertos de aguas profundas debidamente explotados, con las condiciones para que se manufacturen o para que se cuide el producto. Vale recordar que la pesca es un sector netamente exportador y que genera divisas para el país por 1800 millones de dólares al año. Es un sector competitivo, además de que genera 46 mil puestos de trabajo directo en 806 buques».
Las declaraciones y exposiciones de la diputada Reyes cobran más trascendencia, no tanto por su contenido -al fin y al cabo es lo que vienen expresando los actores de la pesca y la industria naval- sino porque se ha expuesto tan poco, que las casi exclusivas voces que aparecen hablando del tema que tiene en ciernes, entre otros, a trabajadores y empresas de cinco provincias con litoral marítimo.
“Estas modificaciones tendrán un altísimo impacto negativo en las economías regionales desde el puerto de Mar del Plata hasta Ushuaia, afectando a las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En localidades pequeñas dependientes de la actividad pesquero o puertos de menor escala se incrementará el desempleo por cierre de plantas procesadoras utilizadas por empresarios medianos o pequeños que se queden sin cuota”, sostuvo también la santacruceña.