La controversia surge de un informe interno de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) por el que le reconoció la renovación sistemática de certificados de excepción a barcos extranjeros, en contradicción con la Ley de Marina Mercante.
Desde el Centro de Patrones alertaron que el Estado “actúa como garante de un negocio privado foráneo dentro de las vías navegables del país” y advirtieron sobre una “nueva etapa de vaciamiento” del sector marítimo argentino.
Un informe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) dejó al descubierto una postura ambigua y preocupante del organismo frente a las denuncias de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.) sobre el uso irregular de certificados de excepción a la Ley de Cabotaje. “El Estado actúa como garante de un negocio privado extranjero dentro de las vías navegables del país, sin exigir reciprocidad”, sostuvo Mariano Moreno, en su calidad de Secretario General del Centro de Patrones.
El documento, firmado por la gerenta de Políticas Navieras Gisela Escudero, responde al reclamo elevado por la Fe.Si.Ma.F. respecto de los remolcadores “Lautaro C” y “GF Humaitá”, ambos embanderados en Paraguay y señalados por el gremio, por las renovaciones sucesivas de permisos, en clara violación del artículo 30 de la Ley 27.419 de Marina Mercante Nacional y que operan desde hace meses en puertos argentinos con tripulación extranjera completa.
Consorcio de Gestión del Puerto La Plata
En referencia, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Capitán Mariano Moreno cuestionó el desinterés sobre la soberanía nacional y consideró´que “el Estado actúa como garante de un negocio privado extranjero dentro de las vías navegables del país, sin exigir reciprocidad”.
“La Agencia que debe velar por los intereses argentinos, ratifica la legalidad de los permisos otorgados, argumentando que las excepciones se emitieron conforme al Decreto-Ley 19.492/44, que permite autorizaciones “precarias” en casos donde no haya barcos argentinos disponibles. Pero a su vez, el propio informe admite que las empresas renovaron los permisos varias veces (por 30, 60 y hasta 90 días), lo que deja de ser un pedido “excepcional” y lo convierte en una práctica sistemática de tercerización del cabotaje nacional”, detalló el reconocido dirigente gremial refiriéndose al informe.