Por PAOLA BATISTA – Los mega escándalos de corrupción en la Administración General de Puertos (AGP), incluidos los llamados a licitación de la Hidrovia en 2022 y en 2025 -dos episodios icónicos- son la prueba irrefutable de que en Argentina lo que está fallando es el sistema republicano de gobierno.
Este artículo al igual que muchos anteriores propios y de otros colegas, podrían tomarse como el resultado ex post de que Argentina no es una República, ya que las múltiples denuncias de corrupción y dos fallos de la PIA*, dan prueba de que ninguna causa ha llegado a las escalinatas de Comodoro Py. En un país que se define como una República, estas denuncias habrían derivado en un investigación judicial que indefectiblemente culminaría con la elevación a juicio de toda la cadena de responsables. Pero en el reino del revés argentino, luego del fallido primer llamado a licitación, se les dio una nueva oportunidad a los mismos responsables del escándalo inicial para hacer algo peor. Porque, salvo el cambio de rostro con la llegada de IÑAKY ARRESIRGOR a la Subsecretaría y Puertos de Vías Navegables en 2024, nada cambió, salvo que el segundo papelón se redactó en un texto más extenso y más viciado, una muestra más que el kirchnerismo sigue manteniendo sus tentáculos en todos los organismos nacionales en los que puede y la mirada cómplice los deja.
Este artículo también es prueba de que para redactar políticas eficientes -especialmente en un rubro tan específico como las vías navegables y los puertos-, no basta con títulos académicos. La experiencia en el área es fundamental, sobre todo cuando se pretende aggiornar, desregular y legislar. Solo así se puede entender en profundidad la complejidad del sistema y tomar decisiones que verdaderamente impacten de manera positiva. Y lamentablemente también es necesario aclarar que estos cargos no están para ser ocupados como premio político por haber trabajado en la campaña.
Un modus operandi exitoso
En otro artículo expliqué que este último llamado a licitación era una obra maestra para continuar con el festín apadrinado originalmente por la dupla Alberto-Cristina en 2021. Crearon un sistema tan perverso que ganaran o perdieran la licitación, igual ganaban. Si el escenario se hubiese dado con su jugador favorito Jan de Nul como vencedor, duplicarían o triplicarían las ganancias por 60 años y en caso de que las medidas cautelares se acumulasen impidiendo el llamado, continuaría operando el modelo actual implementado desde 2021 donde la AGP cobra el peaje y Jan de Nul y Emepa siguen a cargo del dragado y balizamiento respectivamente. Este modelo permitió que AGP pasara de ganar 38 millones de dólares en 2022 a perder más de 40 millones de dólares en 2023, pese a cobrar el peaje. Sin embargo, ahora sabemos que la pérdida podría ser mayor, ya que le deben a Jan de Nul una suma cercana a los 90 millones de dólares, si es que está verdaderamente documentada. Los números no son públicos ni antes ni ahora. Según datos del Ejecutivo, el negocio del peaje es de 410 millones de dólares anuales. El precio de la tarifa actual es de 4,22 dólares por tonelada. Los números no cierran ni a simple vista. La auditoría interna que funcionaba en AGP sólo dejó constancia de que las facturas que podrían justificar los gastos no se presentaron. La respuesta a tanta impunidad la han dado algunos periodistas que cuentan con el respaldo de los principales medios de comunicación: “El Turco” Elías y Hugo Moyano.
Cambalache 3.0
La “lavada de cara” de la AGP y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (SSPyVN) comienza el 3 de enero de 2025, luego de que las escandalosas noticias de corrupción irrumpieran las pantallas de los hogares argentinos y sus repercusiones alcanzaran las primeras planas de diarios, portales de noticias y redes sociales. Con el decreto presidencial 3/2025 el ejecutivo decide la eliminación de la SSPyVN y la eliminación de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU). Estos dos organismos según apreciaciones del ejecutivo estarían sobredimensionados, no cumplirían eficientemente sus labores, y habrían generado deudas a solventar con aportes del tesoro nacional.
Al día siguiente saldría la Resolución 2025-2-APN, firmada por el interventor (saliente pero no) GASTÓN ALEJO BENVENUTO desvinculando a las tres caras más visibles de esta salvaje y desenfrenada corrupción.
La resolución y el decreto parecieran encender una luz de esperanza en el sector, toda vez que se unen dos organismos en uno con una promesa de achicamiento en el gasto y mayor transparencia en la gestión. Finalmente la motosierra se hace paso entre las aguas.
…Pero si las aguas hubiesen corrido por su cauce natural, mi querido lector, yo no estaría escribiendo este artículo.
La primer pregunta que emerge de esta turbiedad es ¿por qué el presidente menciona la ineficiencia de los funcionarios y no solicita una auditoría externa siendo que la AGP dio ganancias hasta el año 2022? ¿Naturaliza la corrupción?
Las desprolijidades continúan a partir del decreto del nombramiento de IÑAKI ARRESEYGOR como Director Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN (ANPYN). La fecha del decreto es del 6 de enero pero retroactivo al 3 de enero, una práctica muy común pero que estaría demostrando que al momento de disolver ambos organismos y crear uno nuevo, no existía un plan sino desesperación por acallar el escándalo mediático que ya se replicaba en todos los medios. De esta forma queda activada la bomba de un nuevo escándalo, que estallaría apenas semanas después.
En este nuevo contexto la figura del Director Ejecutivo de ANPYN pareciera ser más decorativa que ejecutiva toda vez que la AGP SAU continuará funcionando durante casi un año con plenas facultades, entre las que se encuentran el manejo del recurso humano (por el cuál varios funcionaros tienen una causa penal en curso).
La AGP solo deberán presentar al director de la nueva agencia, un informe mensual con la gestión realizada.
La primera cara visible de este escándalo es la Gerente General, Cdora. VERÓNICA ADRIANA PIÑERO, quien es despedida y reemplazada por el Dr. JUAN RUBÉN BERNASCONI (Legajo N°9581-4 – DNI N° 34.139.155), quien a criterio del interventor BENVENUTO “reúne las exigencias de idoneidad para cumplir eficientemente con las responsabilidades y funciones de esa área”
Curiosa apreciación habida cuenta que el flamante funcionario carece de experiencia en puertos y vías navegables, dado que su anterior función la desempeñó en el INTA, donde casualmente, fue compañero de la funcionaria despedida VERONICA PIÑERO.
Pero a PIÑEIRO el despido le duró poco, ya que apenas un mes después la ex funcionaria volvió a ser contratada, esta vez, y no se trata de un chiste mi querido lector, como “Asesora en la Unidad de Auditoría Interna” en la AGP SAU. En una suerte de analogía estaríamos ante la versión argenta de Frank Abagnale, (perdón Frank) ese famoso falsificador de cheques e identidades, interpretado por Leonardo DiCaprio en la película “Catch Me If You Can”, que luego es contratado por el FBI como asesor de fraudes bancarios a cambio de no ir a prisión. Veremos que tal las habilidades de la contadora para tratar de justificar en principio 38 millones de dólares de pérdida que tuvo el organismo bajo su gestión y quizás 90 millones más…
El segundo desafectado se trata de JOSÉ BENI, ese muchacho del Instituto Patria que pudo plasmar sus principios acerca de que “Una sociedad estatal no está para dar ganancias” , y vaya si vio cumplido su sueño con creces generando pérdidas en un sociedad estatal que hasta su llegada había sido superavitaria. El problema que tendrá a partir de ahora el organismo por 180 días prorrogables por otros 180, es ¿Quién podrá hacerse cargo del puesto de “Asesor de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Subgerencia General de la AGP”? Un título rimbombante para una función de impacto dudoso abriendo otro interrogante ¿Será que también existe una unidad de asesores para la Gerencia General?
El tercer y último desafectado en la resolución es el Lic. DIEGO SALOM y, si bien no se designa un reemplazante, fuentes consultadas aseguran que LEONARDO DE PRIMIO, primo de SALOM, sería su sucesor. Mientras tanto SALOM rechazó su despido invocando fueros gremiales de su propio sindicato para personal jerárquico ferroviario. Llamativamente la administración ferroviaria no posee personal jerárquico desempeñando tareas en AGP.
Para finalizar nos queda el flamante organismo unificado en papeles. El mismo queda presidido por IÑAKI ARRESEYGOR: ex titular de la Subsecretaría de Puerto y Vías Navegables desde el 1 de mayo de 2024, asumiendo en su nuevo cargo como Director Ejecutivo, a partir del Decreto fechado el 6 de enero, retroactivo al 3 de enero. Su experiencia portuaria y en vías navegables la adquirió en los ocho meses que ocupó su cargo en la SSPyVN, mientras redactaba los pliegos de la Licitación que intentaban definir una parte determinante en el rumbo del comercio exterior argentino para los próximo ¡60 años! Sin conocimientos en la materia, pero con un Magíster en Administración de Negocios que engalana su currículum, el funcionario intentó aplicar su experiencia en procesos licitatorios adquirida durante la gestión de MARÍA EUGENIA VIDAL en la provincia de Buenos Aires. Tanta experiencia en licitaciones y tan poco conocimiento de las vías navegables hicieron que su primera aparición pública se diera ante la Comisión de Transporte en Diputados, donde intentaría deslindar responsabilidades en el fallido proceso licitatorio, acusando a la plana mayor del PRO, funcionarios, periodistas y a la empresa internacional de dragado DEME, única oferente, de haber conspirado en su contra para frustrar la licitación, perjudicando a los productores agropecuarios. Una verdadera falacia, teniendo en cuenta, por ejemplo que en el río Mississippi se paga por el dragado 3,22 usd/m3 y de acuerdo a los números presentados en el pliego quedarían aproximadamente unos 10 usd/m3 libres para el dragado descontando el balizamiento. Pero la culpa es de MACRI!
Al cierre de esta edición, tuve la oportunidad de dialogar brevemente con IÑAKI ARRESERGOR durante el seminario del Consejo de Cargadores de la República Argentina. Allí explicó que el organismo que preside contará con una planta de 300 empleados, en contraste con los 1.500 que sumaban los tres entes fusionados por decreto. Sobre los hechos de corrupción ocurridos en la gestión anterior, sostuvo que es responsabilidad de la justicia investigarlos, no de él denunciarlos. Al ser consultado sobre su papel en lo que sucede actualmente en la AGP S.A.U., respondió que no es su presidente y que solo incorporará al personal que considere idóneo para la nueva agencia.
A decir verdad, la charla me dejó más dudas que certezas, que abordaré en otro artículo. Pero hay algo que sí queda claro: en la AGP #SíHayPlata. Lejos de aplicar recortes u optimizar recursos en línea con los deseos presidenciales, varios directores están siendo trasladados a comisión a la ANPYN. Y para no dejar vacantes los puestos en la sociedad que debe ser liquidada, un empleado de menor jerarquía es “premiado” con un relevo en un cargo directivo. ¿No se suponía que el organismo estaba en liquidación?
Dado que aún no se conoce (y quizás nunca se conozca oficialmente) la lista completa de directivos con algún grado de responsabilidad en los múltiples casos de corrupción del gobierno anterior, estos pases podrían responder a la reubicación de funcionarios “honestos”… o simplemente a que la corrupción ha cambiado de nombre. Solo el tiempo decantará la verdad porque, al fin y al cabo, la palabra de un político o de un funcionario vale menos que un patacón.
Esperamos que el presidente JAVIER MILEI y su entorno adviertan el perjuicio que genera tanta irresponsabilidad a su imagen internacional, con miras de lograr atraer las inversiones que el país con tanta urgencia necesita. Este escándalo, sumado al caso de las criptomonedas, configuran ya dos noticias de impacto global que atentan contra su credibilidad y la promesa de terminar con la casta política corrupta.
Por Paola Batista – Desafío Exportar