Un informe interno de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación encendió todas las alarmas en el Puerto de Ushuaia, tras una auditoría realizada entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. El documento describe fallas graves en infraestructura, gestión contable y seguridad operativa.
Los técnicos (todos ellos integrantes de la ANPyN) detectaron deterioro estructural en el Sitio 3, donde los pilotes están partidos, desviados o faltantes. Además, el tablero superior carece de soporte adecuado, mientras las defensas del muelle presentan erosión avanzada y los accesos muestran pavimento roto y falta de mantenimiento.
“El estado general del puerto compromete su operatividad y la seguridad del personal”, señala el informe, elaborado por un nutrido grupo de integrantes de la ANPyN (Cristian Rigueiro, Ariel Cherubini, Darío Grossi, Javier Frías, José Olivera, Santiago Vrusa, Marcos Mansietti y Carlos Sposaro). Los inspectores también encontraron contenedores con materiales peligrosos almacenados junto a otros comunes, sin la separación requerida por norma.
La situación en materia de seguridad fue calificada como » alarmante»: Las barreras físicas permanecen levantadas gran parte del tiempo, las alarmas de incendio no funcionan y no existe coordinación entre operaciones de cruceros y cargas. Tampoco hay protocolo para residuos, ni supervisión de los movimientos de ingreso y egreso de embarcaciones.
En el área contable, la auditoría detectó diferencias por más de $1.400 millones en conciliaciones bancarias, junto a partidas antiguas nunca depuradas. No se entregó detalle de facturación ni notas de crédito o débito, lo que impide determinar el origen de los fondos.
El sistema de ingresos y egresos se maneja con simples planillas de Excel, sin doble registro ni validación contable. Además, no existen copias de respaldo informático ni bases de datos seguras, lo que pone en riesgo la trazabilidad financiera del puerto.
El informe también advierte sobre convenios con observaciones graves. Uno de ellos, firmado con el Ministerio de Salud por $199 millones, presenta “limitaciones legales en el destino de los fondos”. Otro, un Convenio de Asistencia Financiera Reintegrable por $4.000 millones, carece de documentación que justifique su aplicación.
En cuanto al personal, el puerto cuenta con 162 empleados, y el gasto salarial representa el 55% del presupuesto total, que al 30 de septiembre alcanzaba $13.804 millones. Los auditores señalaron que no hay control de horas trabajadas ni registro actualizado de funciones.
“Las fallas detectadas condicionan la validez de las conclusiones y comprometen la seguridad operativa del puerto”, concluye el documento. La Agencia Nacional de Puertos recomendó una intervención urgente para evitar daños mayores en infraestructura y prevenir posibles delitos económicos. Las autoridades locales aguardan definiciones del Gobierno Nacional sobre una posible «Intervención» del puerto..
En paralelo, uno de los sindicatos portuarios (el denunciante) reclamó una revisión inmediata del estado estructural para garantizar condiciones seguras de trabajo.
Desde Tierra del Fuego dejan entrever una acción con contenido político contra el gobernador Gustavo Melella, claramente enfrentado al Gobierno Nacional. Sospechan por lo sorpresivo de la la inspección (ponen dudas sobre la legalidad de la misma) justo en los meses previos al inicio de una nueva temporada de Cruceros, actividad central del Puerto Fueguino.
Recordemos que hace poco mas de un año, Iñaki Arreseigor, titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, avanzo con el vaciamiento del Consejo Portuario Argentino, ante la inminencia de que su presidencia quede en manos de los puertos bonaerenses.
Creo en consecuencia el Consejo Federal Portuario, dejando en solitario a los puertos de la Provincia de Buenos Aires y de Tierra del Fuego, entre quienes se distribuyeron los cargos institucionales. Desde las Islas mas australes de nustro paìs, consideran que es «Un – escarmiento – por haber seguido a Kicillof«.
Acceso al Informe: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/informe.pdf
SOBRE LA POSIBLE INTERVENCIÓN:
El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, salió al cruce de las versiones que circularon en las últimas horas sobre una posible intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la Administración Nacional de Puertos y Vías Navegables. El funcionario desmintió categóricamente esa posibilidad y explicó el trasfondo del informe recibido por parte del organismo nacional.
“Lo que estamos tratando es un informe preliminar producto de una inspección solicitada por la Agencia Nacional de Puertos. Ese informe fue elevado al director ejecutivo de esa entidad, y nosotros fuimos puestos en copia con un plazo de cinco días para responder a las observaciones que allí se detallan”, explicó Murcia.
Sobre el origen del conflicto, el funcionario indicó que la inspección fue motivada por una denuncia realizada por personal de planta permanente de la institución, en el marco de la sanción de la ley de financiamiento del SED. Según el presidente, dicha denuncia sostenía que se estaban desviando fondos del puerto, algo que desde el organismo desmienten rotundamente.
“Nosotros contestamos esa nota en su momento, incluso con una presentación firmada por la mayoría de los empleados portuarios. Le explicamos al gobernador que no contábamos con recursos para transferir a ese fondo. El gobernador acompañó nuestra respuesta y solicitó a la Legislatura la derogación parcial del artículo que involucra al puerto en dicha ley”, remarcó.
Respecto a las acusaciones de que el puerto habría financiado la construcción del nuevo centro de rehabilitación, Murcia aclaró que “no se trató de una entrega de dinero, sino de un préstamo con rentabilidad, autorizado por la normativa vigente. Es una colocación financiera permitida por ley, como lo hacemos también con otras herramientas como las letras de tesorería. Todo fue auditado por el Tribunal de Cuentas, que incluso participó en la redacción de las cláusulas de devolución”.
El funcionario defendió el accionar de la Dirección Provincial de Puertos, asegurando que todo se enmarca dentro de los mecanismos legales de gestión financiera y que el objetivo de estas colocaciones es preservar el valor real del dinero, especialmente frente al contexto inflacionario.
En cuanto al trasfondo político de esta situación, Murcia no dudó en señalar que “este es claramente un tema político. Se apunta directamente al gobernador Gustavo Melella y a la vicegobernadora Mónica Urquiza. Se mezcló la política con el mejor puerto de la República Argentina, y eso es grave”.
Además, sostuvo que el informe en cuestión ha sido malinterpretado por ciertos sectores. “Desde Nación se mencionan posibles sanciones que van desde una multa hasta una intervención, pero eso no significa que el puerto vaya a ser intervenido. De ninguna manera están dadas esas condiciones. Es una mala lectura del informe”, advirtió.
Finalmente, descartó cualquier impacto sobre la actividad portuaria y la próxima temporada. “La temporada no está en peligro en absoluto. Seguimos trabajando con todas las empresas y tenemos una proyección incluso mejor que la del año pasado. Estamos ejecutando obras estratégicas como el acceso al puerto de Ushuaia, que demandará una inversión de más de 1.200 millones de pesos. Necesitamos tener el respaldo económico para sostener ese nivel de infraestructura”.
Murcia, en este sentido, reafirmó el compromiso del puerto con el desarrollo regional y el trabajo transparente, al tiempo que anticipó que la respuesta formal al informe a la auditoría será enviada la próxima semana.