En un informe producido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se realizó un análisis de la desregulación en la Marina Mercante propuesta por el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
En el mismo queda claro que mientras los países centrales, cierran sus economías y «defienden su soberanía logística, fortaleciendo su marina mercante y su industria naval» nuestro país establece normas en sentido contrario.
En una reseña histórica, el CEPA reconoció el enorme potencial argentino en esa materia «Argentina llegó a contar con una de las flotas mercantes más importantes del mundo, con más de 60 embarcaciones operadas exclusivamente por la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (E.L.M.A.). Sin embargo, como resultado de las políticas implementadas en los años 90, hoy el país no posee ningún buque propio que participe del comercio internacional»
«El impacto sobre el empleo también fue significativo: durante esa década se perdieron alrededor de 30.000 puestos de trabajo en el sector, y sobrevivió apenas el 10 % de los astilleros que funcionaban en el país (Marti Garro, 2003). En 1999, se inició un cambio en esta situación al derogar el régimen que permitía el alquiler de buques extranjeros para el cabotaje nacional. Luego, en 2004, se promulgó el Decreto Nº 1.010, que dejó sin efecto el decreto 1772 y generó las condiciones para que la flota mercante vuelva a tener bandera argentina. Además estableció un plazo para la promulgación de una ley de Marina Mercante e Industria Naval destinada a aumentar la capacidad de la flota nacional y mejorar las condiciones de la Industria Naval mediante medidas fiscales específicas» explican con objetividad histórico.
El informe, que fue dado a conocer la semana pasada, detalla los contenidos desregulatorios del DNU promovido por el Gobierno Nacional, y detalla los siete puntos principales:
- La medida desregula el transporte marítimo: establece que el tránsito, comunicación y comercio serán practicados por buques bajo registro argentino o extranjero y con tripulantes argentinos o extranjeros.
- Permite que propietarios y/o armadores soliciten el “cese de bandera provisorio” de los buques y artefactos navales para inscribirlas en registros extranjeros otorgándoles tratamiento de bandera nacional a todos los fines de la navegación. Esto es la virtual derogación de la “ley de cabotaje” e implica la desaparición de lo que queda de la flota mercante argentina.
- Elimina la obligatoriedad de contratar empresas y tripulantes locales.
- Declara como servicio esencial a la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte
comercial, de pasajeros, de carga, servicios conexos, operaciones costa afuera y la pesca. Esto implica que se deberá garantizar un porcentaje mínimo de operatividad en caso de huelga o conflicto laboral. - Deroga los Convenios Colectivos de Trabajo. Prohíbe la legislación laboral Argentina. En su artículo 12 el proyecto prevé que “… los nuevos contratos de ajuste deberán aplicarse con expresa exclusión de los regímenes laborales bajo la matrícula nacional”. Además los trabajadores pierden su coeficiente de francos. Esto implica la pérdaplicadosida de por lo menos 3.000 puestos de trabajo. Al Poder Ejecutivo parece no interesarle el diálogo con los actores del sector. Por ejemplo, SICONARA está dispuesto a dialogar y actualizar los CCT.
- Se pretende desvincular al personal, para que pasen a un nuevo registro, con una indemnización de 10 días de salario básico, o 10 años de licencia sin goce de sueldo.
- Implica una pérdida de la presencia Argentina sobre sus ríos y sus mares, impactando negativamente en el control de nuestra soberanía e independencia económica.
El CEPA se introduce en las cuestiones jurídicas y Constitucionales que habilita al gobierno Nacional a emitir un DNU, y considera que «En materia jurídica existen 3 requisitos constitucionales para el dictado de un DNU«:
- Que circunstancias excepcionales hagan imposible el trámite legislativo
- Que medien razones de necesidad y urgencia
- Que no se regulan determinadas materias
Y concluye en que «Con el congreso en pleno funcionamiento, no existen razones para la emisión de este DNU».
Por último, el informe concluye en que existe un modelo distinto para nuestra Marina Mercante y Nuestra Industria Naval.
Un modelo distinto es posible
El mantenimiento de una flota mercante de bandera nacional, tripulada por argentinos, es fundamental para el país, considerando que el 95% del comercio exterior argentino se transporta por vía marítima. Contar con este recurso propio permite asegurar, al menos, la cobertura de los servicios esenciales que la Nación necesita.
Además, tiene un impacto económico directo. Argentina gasta cerca de USD 5.000 millones anuales en fletes.
Recuperar una flota nacional permitiría ahorrar una porción significativa de esas divisas, fortaleciendo nuestra balanza de pagos.
Argentina debe impulsar un modelo distinto al de la desregulación: fortalecer el rol de la marina mercante nacional como herramienta estratégica para la soberanía. La presencia activa de buques de bandera argentina en los servicios fundamentales permitiría recuperar el control de nuestra logística, generar empleo industrial y garantizar autonomía en un mundo cada vez más fragmentado y en disputa.
Este fortalecimiento debe ir acompañado del desarrollo de la industria naval. Según el Registro de Empresas de la Prefectura Naval Argentina, actualmente existen 338 empresas vinculadas al sector, entre astilleros, talleres navales y otros establecimientos. En su época de oro, durante los años 60, la industria llegó a emplear a más de 100.000 personas. Hoy emplea cerca de 10.000, pero cuenta con el potencial para ser nuevamente un motor de desarrollo industrial.
Reconstruir una marina mercante nacional no es solo una política sectorial, es una apuesta por una Argentina con más soberanía, más trabajo y mayor integración territorial.