La intervención nacional del Puerto de Ushuaia vuelve a quedar bajo la lupa. Según publicó El Diario del Fin del Mundo, seis meses después de justificar el desplazamiento de las autoridades provinciales por graves problemas de infraestructura y seguridad, el Gobierno nacional adjudicó un estudio de las instalaciones por $80 millones más IVA.
La contratación fue otorgada a Nadir Soluciones Integrales SAS, que resultó la única oferente en la licitación privada realizada por la Administración General de Puertos (AGP). Su propuesta quedó apenas $162.690 por debajo del presupuesto oficial, una diferencia del 0,20%.
¿Qué se sabía antes de la intervención?
El 20 de enero de 2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso intervenir el puerto por doce meses. Entre las deficiencias denunciadas mencionó problemas en pilotes, tablestacas y defensas de atraque, deterioro de superficies operativas y sistemas contra incendios obsoletos.
El nuevo contrato, adjudicado en julio, contempla un relevamiento de infraestructura y tareas de regularización dominial. Aunque el portal especializado GlobalPorts sostiene que el estudio ya fue ejecutado, no se conocen públicamente sus conclusiones ni hay constancias oficiales de su entrega, según la publicación.
La misma empresa recibió otro contrato millonario
El 9 de octubre, la ANPyN adjudicó a la misma firma otra contratación por $2.550 millones para realizar relevamientos georreferenciados de infraestructura portuaria en todo el país. También fue la única oferente.
La nota señala, además, que no encontró antecedentes públicos anteriores a 2026 que acrediten trabajos similares de la empresa en infraestructura portuaria.
La Nación anunció el recambio de 75 defensas de atraque, con una inversión superior a los US$2,5 millones, y avances en la modernización de la videovigilancia. Sin embargo, todavía falta información pública que permita conocer qué obras se terminaron y qué problemas fueron solucionados.
Una SAS con capital inicial de $19.000 gana un contrato portuario de $2.550 millones
Mediante la Resolución 60/2026, firmada por su director ejecutivo, Iñaki Arreseygor, el organismo le otorgó a Nadir Soluciones Integrales SAS el relevamiento integral de la infraestructura portuaria nacional por 2.550 millones de pesos, a ejecutar en doce meses con opción de prórroga. El pago se reparte en 643,4 millones este año y 1.906,6 millones en 2027.
El monto en sí no es lo llamativo. Lo es el tipo de sociedad que lo recibe y el rastro público que dejó hasta ahora: una sociedad por acciones simplificada, una figura pensada para emprendedores, constituida con un capital de 19.000 pesos y con un único socio fundador.
Según pudo verificar el portal Confidencial.ar, su acta constitutiva, publicada en el Boletín Oficial el 11 de junio de 2018, la sociedad se constituyó el 7 de junio de ese año en la Ciudad de Buenos Aires. Su único integrante y administrador titular fue Mariano Andrés De Lauretis, que entonces tenía 26 años y declaró como actividad la venta al por menor en puestos móviles y mercados. El capital social inicial fue de 19.000 pesos y el objeto, el genérico previsto por la normativa de la Inspección General de Justicia para este tipo de sociedades.
En su sitio web y en sus perfiles comerciales, Nadir se presenta como proveedora de relevamientos topográficos, sistemas de información geográfica, ingeniería de precisión y trabajos con drones y escáner láser, servicios compatibles con lo que ahora contrató el Estado.
No surge de las publicaciones oficiales disponibles si hubo cambios posteriores en la composición accionaria, aumentos de capital o incorporación de nuevos socios.
La licitación se lanzó en agosto con la Resolución 45/2026, también firmada por Arreseygor, con un presupuesto oficial de 2.573,55 millones de pesos. La adjudicación quedó apenas un 0,9% por debajo de ese techo. Se trata de un servicio de relevamiento multimodal, sistémico y georreferenciado de áreas terrestres, acuáticas y de interfase tierra-agua en todos los puertos bajo jurisdicción nacional, bajo la modalidad de orden de compra abierta, que permite al organismo ir solicitando trabajos según sus necesidades hasta completar el máximo previsto.
La tarea se enmarca en el Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria, aprobado en 2025. En otras palabras, quien haga el relevamiento producirá la información técnica sobre la cual el Estado definirá qué tierras portuarias le pertenecen, cuáles están ocupadas y en qué condiciones.
La Fiscalía de Estado presentará una denuncia penal contra la ANPyN
El organismo provincial resolvió acudir a la Justicia penal por impedir el ingreso de inspectores ambientales al Puerto de Ushuaia.
Se investigan posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.