La Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.) que conduce Raúl Omar Durdos (Secretario General del SOMU) le requirió a la legislatura el repudio del Honorable Congreso de la Nación a la Resolución 41/2025, instando al Poder Ejecutivo a revisar sus alcances y convocar de manera urgente a las Comisiones pertinentes a fin de analizar en conjunto las graves implicancias que esta medida acarrea.
Asimismo requiere se cite a los funcionarios nacionales «a efectos de que el Poder Ejecutivo informe sobre la naturaleza jurídica de la Resolución 41/2025«, como así informen «cuáles han sido sus argumentos, en atención a que restituiría parcialmente los efectos negativos del rechazado decreto 340/2025«.
La Federación reiteró su «plena disposición para ampliar estos fundamentos y trabajar junto a Ud. en la construcción de soluciones que fortalezcan a la Marina Mercante, la industria naval y, en definitiva, la soberanía logística y económica de la Nación».
Recordemos que el Poder Ejecutivo – a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) – dictó la Resolución 41/2025, publicada en el Boletín Oficial el 9 de septiembre de 2025 por la cual restituye solapadamente alguno de los peores efectos del rechazado decreto 340/2025.
«Esta alteración, lejos de ser una solución ágil a una cuestión administrativa, genera profundas consecuencias negativas para la Marina Mercante y para toda la industria naval del país. Se elimina en los hechos la prioridad de la bandera argentina, impidiendo que los armadores nacionales puedan ofrecer sus servicios antes de autorizarse el ingreso de naves extranjeras, lo que vulnera el principio de preferencia de bandera argentina consagrado en la Ley de Cabotaje» continúa Durdos en su carácter de representante gremial.
Con relación a los efectos sobre la ocupación, Durdos denuncia la inconstitucionalidad de la medida, asegurando que «la eliminación de los controles para excepciones superiores a 30 días permitiría ante la falta de conocimiento de los gremios – la permanencia indefinida de tripulaciones extranjeras en tráficos de cabotaje, con la consiguiente pérdida de fuentes de trabajo para marinos argentinos y la disminución en la recaudación de aportes laborales y de seguridad social y con un claro desincentivo a la formación de profesionales marítimos locales«.
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