Un fallo de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Rosario puso en riesgo el nuevo intento de licitación de la hidrovíapor incumplimiento de medidas ambientales.
La Asociación de Abogados Ambientalistas pidió una medida cautelar a la Justicia Federal para frenar la decisión del gobierno nacional (durante el gobierno de Alberto Fernández) en la que se decidió usar un nuevo paso de navegación para buques de ultramar en el brazo derecho del río Paraná sobre la zona de Ramallo (315 y 326 km) frente a la zona costera y turística como alternativa del brazo izquierdo actual (en el área de Paso Las Hermanas y Paso Bajo Las Hermanas) hasta que se realice un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental que avale las obras de dragado necesarias para hacer transitable ese tramo.
Según la entidad, el tramo en cuestión incluye playas, humedales y zonas turísticas de alto valor ecológico. El desvío de la traza hacia el brazo derecho del río, sin estudios ni control público, incrementa los riesgos de erosión costera, pérdida de biodiversidad, dispersión de contaminantes y afectación del abastecimiento de agua.
En la primera presentación, la medida cautelar fue rechazada, por lo que la asociación de abogados apeló y el caso llegó a segunda instancia.
El 4 de julio pasado la sala B de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Rosario, con la firma de los jueces Aníbal Pineda y Élida Vidal, resolvió a su favor suspender el pase a estudio y además le requirió al gobierno los informes medioambientales que avalen ese dragado que nunca habían sido presentados, otorgándoles, a la Administración General de Puertos (AGP), un plazo de 10 días para presentar un estudio acorde a lo solicitado.
La Cámara le solicitó a la AGP “un informe respecto del estado actual de la obra, detalle de tareas realizadas, ajustes, de traza efectuados, los estudios ambientales de gestión de obras y los estudios de impacto ambiental; y que informe si se ha realizado el procedimiento técnico/administrativo de evaluación de impacto ambiental con participación ciudadana en relación con las obras que son objeto de la presente causa y en su caso estudios respecto de las consecuencias sobre el ambiente de las tareas que han sido ejecutadas desde la fecha de interposición del amparo hasta la actualidad”.
La resolución judicial expresa que “no puede haber licitación ni ejecución de obras sin Evaluación de Impacto Ambiental previa, participativa y pública”.
Cabe señalar que la Licitación de la Hidrovia esta en manos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), autoridad portuaria nacional, ámbito superior a la AGP, conducida por Gastón Alejo Benvenuto.
Tanto en el primer fallido intento de licitación como en el nuevo que prepara, la idea es que «para no demorar el pase a manos privadas que significaría realizar previo a la licitación un estudio de impacto ambiental sobre las viabilidades de mayores profundidades», el gobierno evalúa exigirle al operador privado la realización de los estudios correspondientes previo a cada obra de dragado, pero nada dice si esos estudios fueran negativos como se saldaría la disputa.
La «sociedad» Estado – Bolsa de Comercio de Rosario, estuvieron de acuerdo con esta previsión en la licitación y consideraron recomendable arrancar con pequeñas profundizaciones y seguir luego escalando en lugar de buscar de una llegar a la profundidad máxima con factibilidad ambiental.
Queda claro que no puede haber obra de dragado sin estudio ambiental previo. Queda por saber si el ente conducido por Iñaki Arreseygor (la ANPyN) continuara con la idea de licitar sin tener en cuenta el fallo de la Cámara Federal.
No resulta muy razonable que el estudio de Impacto Ambiental requerido por la Justicia Federal, sea promovido y pagado por los directos involucrados en realizar la obra, sin que del mismo participen los verdades interesados en que se tengan en cuentas derechos protegidos por la Ley.
Arreseygor, ha realizado reuniones privadas y públicas para el nuevo pliego de licitación. «Las privadas» con un grupo de empresas con cabecera en Rosario y la Bolsa de esa ciudad santafecina. En tanto que «Las públicas» – casi como para cumplir – reuniones con otros organismos provinciales y organizaciones intermedias que fueron solo para informar los que se resolvía en conjunto en las reuniones privadas.
Fuentes cercanas al Consejo Portuario Argentino – entidad que sufrió un intento de vaciamiento por el Gobierno Nacional – conducido por el titular del Consorcio del Puerto La Plata, José Lojo, manifestaron su disgusto por la actitud tomada por Arreseygor. Inclusive, se habrían negado a participar de esas reuniones «informativas» y estarían analizando judicializar la licitación si se sigue avanzando sin respetar la opinión, principalmente, de la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA sostuvieron que «no puede haber obras sin información, sin estudios y sin la voz de las comunidades. La planificación de la infraestructura hídrica y portuaria del país no puede seguir bajo lógicas extractivas, opacas y a espaldas de la sociedad«.
Lo cierto es que no se entiende si desde la autoridad Nacional, hay negligencia, impericia, o simplemente una vocación de beneficiar a la actual operadora (la firma Jan de Null / Compañia Sudamericana de Dragados) con renovaciones de contratos directas, sin proceso de licitación que regularice su condición frente al Estado.
Vale recordar que en la licitación anterior, no solo hubo denuncias judiciales de empresas interesadas en la obra sino que un informe que emitió la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal, difundido horas antes de la apertura de sobres, hizo estallar por los aires el proceso licitatorio, a pesar del intento de Arreseygor de transferir responsabilidades e intentar darle protagonismo al Estado Nacional en una supuesta «transparencia» que la propia PIA, había cuestionado.
Entre los miembros de la Bolsa de Comercio de Rosario como así de la ANPyN, temen por una nueva judicialización del proceso licitatorio, ya que cualquier amparo presentado en cualquier provincia podría parar las obras como como sucedió con los abogados de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Ramallo.
Foto de Portada: Asunción de Iñaki Arreseygor junto al Ministro Guillermo Francos y el Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio