La ofensiva del Gobierno nacional contra el derecho de huelga sumó un nuevo tropiezo. La jueza del Trabajo Moira Fullana declaró la inconstitucionalidad de los artículos centrales del DNU 340/25, una norma que limitaba la protesta en sectores laborales clave, y lo hizo en el marco de una acción de amparo presentada por la CGT.
Se trata del primer fallo de fondo sobre el polémico decreto firmado por Javier Milei, que desde su publicación generó el rechazo de gremios y especialistas. La magistrada ya había emitido una medida cautelar contra ese texto y otro similar impulsado por la CTA. Ahora, con este fallo definitivo, le dio un golpe institucional al intento oficial de regular por decreto el ejercicio de derechos laborales.
En su resolución, Fullana fue categórica: el Gobierno no justificó ni la necesidad ni la urgencia para eludir el debate parlamentario. Señaló que el Congreso se encontraba en sesiones ordinarias al momento de dictarse el DNU, lo cual invalida el uso del mecanismo excepcional del artículo 99, inciso 3 de la Constitución.
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“La emergencia no admite demora”, dijo el Ejecutivo al justificar la medida. Pero la jueza retrucó que eso implicaría habilitar que cualquier gobierno legisle por decreto solo por considerar lento al Congreso, desconociendo la división de poderes consagrada en la Constitución Nacional.
El DNU 340/2025, publicado el 21 de mayo, incorporaba a la Marina Mercante y otras actividades como “servicios esenciales”, exigiendo niveles de prestación del 75% incluso durante una huelga. Además, creaba una nueva categoría: “servicios de importancia trascendental”, obligando a funcionar al menos al 50%.
Estas modificaciones afectaban el artículo 24 de la Ley 25.877 y se sumaban a restricciones ya contenidas en el cuestionado DNU 70/23, que también fue declarado inconstitucional por la Cámara del Trabajo. La CGT y las dos vertientes de la CTA también llevaron el caso ante la OIT.
Fullana advirtió que el decreto de Milei suplantaba funciones legislativas, algo vedado por la Constitución. Además, sostuvo que la libertad sindical y el derecho de huelga están protegidos por tratados internacionales, como el Convenio 87 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador.
“Este DNU atentaba contra la libertad sindical y el derecho de huelga, pilares de la democracia”, afirmaron voceros de la CGT.