Lobby para sacar del pliego la exigencia de un sistema de alta seguridad

Así se llama el sistema de vigilancia de última generación que el gobierno nacional quiere para la Hidrovía, P25, pero al que se le oponen los principales usuarios de la vía navegable, como puertos y agroexportadoras.

Y el lobby empresario batalla contra reloj para bajarlo del pliego de la nueva licitación, ya que trascendió que el 15 de noviembre presentará los términos y condiciones. “Todavía está en el pliego, pero sigue en el intento de buscar una alternativa“, señaló a Rosario3 una alta fuente que participa en las conversaciones.

En la fallida primera licitación y en esta nueva se prepara, el gobierno incluyó que el concesionario de la hidrovía instale un sistema de comunicaciones bajo el estándar P25 (Project 25), que es una arquitectura interoperable de radio digital troncalizado diseñada para servicios de emergencia y entornos operativos críticos. 

Desarrollado originalmente en EE.UU., se convirtió en un estándar adoptado globalmente para garantizar confiabilidad, robustez y continuidad en la comunicación táctica entre múltiples actores, incluso en situaciones de alta congestión, fallas parciales del sistema o catástrofes operativas.

Para tener una idea, el sistema P25 a implementar deberá incluir:

• Sitio Maestro ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, con consolas redundantes de administración y despacho centralizado.

• Entre 32 y 34 sitios de repetición distribuidos estratégicamente a lo largo de la hidrovía con cobertura UHF-R1, alimentación ininterrumpida y enlaces redundantes.

• Terminales móviles y portátiles distribuidos entre las tripulaciones de dragado, patrullaje fluvial, centros de monitoreo y personal técnico. 

El gobierno nacional empuja para que se instale un sistema de Motorola de monitoreo avanzado, que incluye reconocimiento facial a larga distancia y sistemas de control de carga, con costos que oscilan entre los u$s60M y los u$s150M.

Consorcio de Gestión de Puerto Quequén

Por el contario, los empresarios (puertos, exportadores, navieras) coinciden en la necesidad de sumar la mejor tecnología en vigilancia para mejorar las condiciones de seguridad de la tripulación, los buques y las cargas y, sobre todo, ante el creciente narcotráfico, pero señalan que hacerlo dentro de la licitación  encarece el costo de la tarifa.

Es más, insisten con que el financiamiento debería venir de otro lado, ya que se trata de una tema de seguridad pública y no de navegación fluvial, por ejemplo vía créditos multilaterales o del propio gobierno de los Estados Unidos, país de origen de la tecnología buscada, alternativas que por ahora no prosperaron. 

En rigor, hay otras empresas -como Siemens- que tienen sistemas similares a mejores precios, pero el gobierno nacional parece muy interesado en que se adquiera la tecnología norteamericana. 

Precisamente, el contundente respaldo político y económico que la Casa Blanca le otorgó al gobierno argentino no pasó desapercibido para el entramado empresario y están quienes traen que le quitó margen al pedido de no adquirir a los Estados Unidos el sistema tecnológico.

Sobre todo, porque guiños a los Estados Unidos no le faltan a este proceso: como en la primera licitación quedan excluidas de la compulsa aquellas empresas que tengan como accionista un Estado, como es el caso de los gigantes chinos.

Así y todo, hay esperanza en muchos empresarios de trato usual con los funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos, que conduce el proceso, de que podría haber cambios (en este y en otros puntos menores) habida cuenta de que perciben una vocación de mucha apertura del gobierno a introducir modificaciones, a diferencia del fallido intento del año pasado cuando se presentaron los pliegos antes de que los usuarios presenten sus propuestas quedando descolocados.

Es probable que en la magnitud de los cambios que se hagan frente al proyecto inicial también talle la fortalezca o debilidad con la que el gobierno nacional emerja tras las elecciones legislativas de este domingo.

Es más, en un proceso tan estratégico como cruzado por intereses políticos, los empresarios estuvieron averiguando en los últimos días si el proceso de concesión podría quedar  bajo la órbita de la recientemente reactivada Bicameral de Reforma del Estado, ya que les preocupaba que el proceso pueda demorarse ante un Congreso con la oposición envalentonada. Pero, según averiguó Rosario3, el tema no está en agenda, ya que las únicas concesiones que se analizan son las energéticas que lanzó Enarsa por ser una empresa a privatizar.

Fuente: Rosario3

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