Fueron palabras del titular del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, quien alertó sobre el avance de un proyecto del gobierno nacional que amenaza con desmantelar el sector y entregar el transporte fluvial y marítimo a intereses extranjeros.
Hoy, de los 50 buques con capacidad de navegar en aguas nacionales, solo 14 están operativos. La industria naval está paralizada, y el gobierno no solo no reactiva la actividad, sino que impulsa la importación de barcos usados, lo que terminaría de estrangular a los astilleros locales. «Es como la quita de aranceles a los celulares: destruye la industria nacional», señala Moreno.
Pero el problema no es solo económico. «La desregulación traería graves riesgos en materia de seguridad y medioambiente. El gobierno ya modificó el REGINAVE, el marco normativo que regula la navegación, eliminando exigencias clave como la presencia de «baqueanos, lo que aumenta las chances de accidentes«, aseguró el dirigente en una nota acordada con NOVA.
«Sin estas medidas, vamos a ver más hundimientos, derrames y hasta pérdidas humanas», advierte el dirigente, recordando tragedias como la del Río Turbio, donde siete marinos murieron al ser embestidos por un buque de bandera paraguaya.
Frente a esta situación, los gremios marítimos iniciaron una campaña para frenar el decreto, solicitando audiencias con los gobernadores de las 11 provincias con litoral fluvial o marítimo. Sin embargo, la respuesta fue casi nula, solo Axel Kicillof (Buenos Aires) y Jorge Macri (CABA) los recibieron. El resto ni siquiera respondió, como si no entendieran cómo puede afectar directamente a sus provincias.
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Corrientes, cuyos puertos dependen del transporte fluvial, están en la primera línea de impacto. «Si se abre la ley de cabotaje, 11.000 trabajadores quedarán en riesgo, y las economías regionales sufrirán aún más», asegura.
Los trabajadores no se quedan de brazos cruzados. Moreno destaca que hay dos proyectos de ley en el Congreso –uno en Diputados y otro en el Senado– que buscan proteger la Marina Mercante y promover la industria naval. Sin embargo, la Comisión de Intereses Marítimos, que debería tratarlos, no se reúne hace más de seis meses. «El diputado a cargo, Gabriel Chumpitaz (de Santa Fe y que responde a la ministra Patricia Bullrich), no convoca. Es una vergüenza«, crítica.
Mientras tanto, la hidrovía Paraná-Paraguay, otro tema clave, sigue en un limbo tras el fracaso de su licitación. «Era un negocio espurio para unos pocos. Ahora hay que replantearla con control estatal y estudios serios de impacto ambiental», sostiene Moreno.
Para finalizar el reconocido dirigente sindical aseveró «Este gobierno solo sabe destruir. Nosotros, en cambio, tenemos propuestas. Pero para eso, alguien tiene que estar dispuesto a escuchar».