El Gobierno impulsará la declaración de la «emergencia laboral» para impulsar, entre otras medias, un seguro de despido, eliminación de multas a empresas y rebaja de aportes patronales, según trascendió extraoficialmente.
El presidente Javier Milei tiene previsto impulsar una «norma de emergencia laboral», que se implementaría por DNU – Decreto de Necesidad y Urgencia – , aunque se sigue analizando si será por esa vía o se enviará un proyecto al Parlamento.
La ley sobre emergencia laboral incluiría la eliminación de las sanciones o indemnizaciones por la deficiente registración de empleados, un alargamiento del período de prueba, que pasaría de tres a ocho meses y rebaja de aportes y contribuciones patronales.
La iniciativa propondría también un régimen voluntario, con acuerdo entre empresas y sindicatos, de un sistema de seguro por despido o fondo de desempleo, por convenio colectivo.
Se crearían cuentas individuales en las que el trabajador acumularía fondos de cara a un futuro despido o jubilación.
Fuentes del gobierno aseguran que con esta medida, busca facilitar «la creación de trabajo registrado» mismo argumento y la repetición del intento de reforma laboral que se impulsó en el 2017.
Las fuentes añadieron que el sector empresario tiene miedo de tomar gente y que con esta flexibilización de normas, van a tener opciones voluntarias de cobertura en caso de despidos.
También confirmaron que la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, seguirá mediando en las paritarias, pero va a aceptar lo que acuerden las partes y que será el organismo encargado de la convocatoria al Consejo del Salario, aunque todavía no hay fecha para que se reúna.
Todo esto ocurre en medio del desplazamiento de Horacio Pitrau de la Subsecretaría de Trabajo tras la firma de una resolución que garantizaba el pago de las cuotas solidarias, lo que dejó al gobierno sin instancia de negociación con la CGT a días del primer paro general nacional que está previsto para el miércoles 24.
Por su parte, la CGT acude al Congreso para que el Poder Legislativo rechace al DNU y a la ley ómnibus que incluye un insólito artículo que fuerza la aprobación del decreto 70/23.