A través del proyecto de LEY 5216-D-2025, el Diputado Nacional Jorge «»Koky» Araujo Hernández (Fuerza Patria – Tierra del Fuego ) realizó la presentación para pedir la nulidad del Decreto que habilita la importación de bienes Usados al país.
El Legislador expuso que la principal motivación del proyecto de Ley 5216-D-2025 es proteger la producción industrial local de la competencia desleal que representa la importación de bienes de capital usados de manera indiscriminada.
El Decreto 273/25 eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), reemplazándolo por una simple declaración jurada en el Sistema Informático Malvina (SIM) de la Dirección General de Aduanas, alterando así el entramado normativo que regula el funcionamiento de las empresas en nuestro
país.
El proyecto de Ley ya cuenta con la aprobación en plenario de las comisiones legislativas de Asuntos Constitucionales y Comercio , por lo que espera tratamiento para la próxima sesión.
El legislador recordó que «La emisión del CIBU tenía como objeto comprobar el impacto de la importación de determinados bienes de capital usados en el sistema productivo local. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional no realizó estudios de impacto previos a la eliminación del CIBU de cómo esta medida afectaría a un sector tan sensible como el industrial«.
Asimismo resaltó que «El gobierno tampoco ha instrumentado medidas para mitigar los efectos
negativos que la eliminación del CIBU está teniendo sobre el entramado productivo nacional«.
Esta falta de previsibilidad ha provocado incertidumbre entre empresarios y trabajadores, afectando negativamente a las inversiones, la producción nacional y el nivel de empleo.
Asimismo, el Decreto 273/25 no estipula los mecanismos de control y seguimiento de las declaraciones juradas de importación de maquinarias y otros bienes usados para garantizar la veracidad de los datos consignados, por lo que los legisladores entienden que «facilita prácticas de subfacturación y evasión al carecer de un sistema de inspección y valuación real».
Otra de las inquietudes planteadas por los legisladores que promueven el proyecto de Ley, radica en que «La importación irrestricta de bienes de capital usados puede también introducir tecnologías obsoletas altamente contaminantes y poco eficientes en su consumo energético, en contraposición a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en matera de cambio climático«.
En definitiva, los legisladores de ambas comisiones resaltaron que la derogación del Decreto 273/25 implica la restauración de reglas económicas y jurídicas claras, equitativas y racionales que protejan a la producción nacional, el empleo calificado y las inversiones en nuestro país.