En los últimos años, la administración de Alberto Fernández hizo énfasis en el desarrollo de la obra que permitiría otorgar soberanía portuaria al país y evitar el transporte fluvial por el canal uruguayo Punta Indio.
El anuncio de la licitación se realizó el 20 de abril de este año con la presencia del presidente Fernández, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otras autoridades. Precisamente Kicillof fue uno de los principales promotores de la construcción.
Se lo mencionó como una obra fundamental desde el punto de vista geopolítico, económico y de soberanía. También se afirmó que permitiría una mayor velocidad de navegación, el tránsito de embarcaciones más grandes y una disminución de costos de 65%.
Kicillof aseguró que la construcción del Canal Magdalena era un verdadero hecho histórico. «Un barco de carga en algún puerto de la provincia de Buenos Aires quiere dirigirse a otro puerto argentino, bonaerense. Son dos puertos argentinos, con carga nacional. Hoy la única forma que tiene de hacerlo es bajando por el Río Paraná y desviarse hacia Montevideo«, comentó.
Para poder conectar los dos puertos nacionales, prosiguió, debe salir de la jurisdicción argentina y pedir autorización a Prefectura de un país extranjero.
«Está literalmente partido el comercio, la logística; está partida nuestra soberanía. No puede ser que para unir dos puertos argentinos o bonaerenses haya que pedir permiso y atravesar por una jurisdicción extranjera», afirmó.
Kicillof recordó que la mayoría de los barcos que llegan con mercadería importada deben pasar en primera instancia por el puerto de Montevideo. Esas embarcaciones cuando tienen que esperar por lugar de atraque también lo hacen frente al puerto uruguayo. La estimación es que se pagan u$s150 millones entre la espera, la carga de combustible y la comida. «Con el Canal Magdalena, Argentina podrá ofrecer todos esos servicios», dijo el gobernador.
El lunes 8 de mayo, el Ministerio de Transporte lanzó la licitación para la construcción del Canal Magdalena. El proceso lo había llevado adelante en primera instancia la Administración General de Puertos. Como un punto clave había definido que la licitación fuera en dólares.
Sin embargo, cuando la propuesta pasó a la órbita del Ministerio de Transporte se cambió esa condición. El presupuesto oficial aprobado por el congreso fue de $40.421 millones. Eso generó el desinterés del sector privado. El plazo para recibir ofertas venció y el llamado se declaró desierto.
Este cambio es el que convalidó el desinterés de las empresas por presentar ofertas en la obra. Desde algunos sectores aseguran que este cambio fue realizado con premeditación sabiendo que nadie (mucho menos una firma internacional) aceptaría una obra valuada en pesos, obra que traía no pocos inconvenientes en las relaciones con Uruguay.
En Uruguay, esta noticia cayó muy bien porque podría recibir barcos de mayor escala.
Cuando se anunció la licitación, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, había dicho que el objetivo de Uruguay era continuar fortaleciendo el puerto de Montevideo.
Para el sector naviero uruguayo, el freno en la construcción del Canal Magdalena no causó demasiado sorpresa, fundamentalmente por el contexto político y económico por el que transita Argentina, indicó el diario uruguayo El Observador.