Existe una creciente preocupación en el ámbito naval ante la inminente sentencia del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, que tendría involucrados cuatro altos oficiales de la fuerza.
A casi nueve años de la tragedia que costó la vida de los 44 tripulantes, circula entre almirantes retirados un documento que advierte sobre las consecuencias de atribuir responsabilidades penales a comandantes superiores de la Armada.
El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de entre tres y cinco años de prisión para cuatro oficiales, entre ellos el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo y el capitán de navío Claudio Javier Villamide, acusados por las querellas de «imprudencia grave«.
En contraste, los marinos defienden que, bajo el Reglamento General del Servicio Naval, la responsabilidad del buque es absoluta del comandante en el mar y que el submarino zarpó en condiciones seguras de navegación.
Aseguran que “El Reglamento General del Servicio Naval establece que la responsabilidad del comandante respecto de su buque es absoluta y solo cesa en caso de ser relevado por autoridad competente”, sostienen en la Armada, al citar un principio que rige “desde siempre en el mundo entero”.
Los oficiales navales advierten que una condena penal para los jefes superiores sentaría un precedente negativo que podría «dinamitar los cimientos de la profesión». Sostienen que esto desalentará a las nuevas camadas de oficiales a asumir altos mandos y responsabilidades operativas en misiones reales de control del mar, logística antártica o misiones de paz bajo escenarios de recursos limitados.
Además de López Mazzeo y Villamide también el Ministerio Público Fiscal, solicitó cuatro años de prisión para el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, quien conducía el Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y una condena de tres años y seis meses para el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, exjefe de Comunicaciones.
Fotos: Diario La Nación