A partir de la decisión del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) de poner en marcha una licitación para construir un buque oceanográfico de al menos 85 metros de eslora que será parcialmente financiado con un crédito del BID, los astilleros Río Santiago y SPI, mantuvieron conversaciones para seguir avanzando, tal como lo vienen haciendo en otros trabajos, en una asociatividad entre los actores públicos y privados del sector que les permita presentar una propuesta competitiva en el ámbito nacional.
El llamado a licitación contempla la construcción de un barco con capacidad para trabajar en aguas subantárticas, adoptando la categoría «Polar Class 7» y deberá responder a una configuración netamente pesquera y oceanográfica de altas latitudes, de manera que permita realizar muestreos oceanográficos y el despliegue de vehículos submarinos a gran profundidad.
Al respecto, las autoridades de SPI y de Astillero Río Santiago remarcaron que «la industria naval argentina ha dado muestras claras de su potencial y capacidades, así como de la virtuosidad de la articulación del sector público y privado. Argentina posee astilleros públicos y privados con capacidad y experiencia suficiente para desarrollar la ingeniería de un buque de este tipo y se traduce en hechos claros y cercanos, con hitos destacables».
«Este es un proyecto de carácter estratégico para la Argentina. Contar con un buque oceanográfico es un símbolo de soberanía, de desarrollo industrial y por ello no podemos dejar pasar esta oportunidad. Se trata de un proyecto de interés para nuestro país y de vital importancia para preservar las investigaciones en su caladero. En este marco estamos conversando con distintos actores del sector para presentarnos con una propuesta competitiva. Tenemos profesionales y trabajadoras y trabajadores altamente capacitados y todas las herramientas para construir esta embarcación en el país».
Leyes y políticas públicas nacionales
Desde ambos astilleros nacionales, en comunicación con InfoGEI, destacaron las políticas públicas adoptadas por el Estado que tienen el claro el objetivo de una Argentina soberana que defienda sus riquezas y que agregue valor, como es el caso de Compre Argentino, que nace como una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional.
La misma prioriza a los proveedores nacionales en las compras públicas y promueve procesos de transferencia tecnológica a favor de las empresas locales para insertarlos en cadenas globales de valor y favorecer su acceso a mercados internacionales.
Vigencia de Industria Naval
Y en ese marco, también remarcaron la vigencia de la Ley 27.418 de Industria Naval que en su artículo 15 establece que «los organismos del Estado nacional o sociedades del Estado nacional o privadas que perciban alguna forma de aporte o aval del Estado nacional, cuya actividad implique la demanda de buques, embarcaciones y/o artefactos flotantes, se construirán en el país bajo los requerimientos que el organismo demandante determine, cumpliendo con las características, costos y tiempos requeridos.
En caso de que el requerimiento no pueda ser cumplimentado por la industria nacional, mediante razón fundada, el organismo requirente podrá ejecutar las obras en otras fuentes de provisión, previo informe emitido por la Comisión Asesora de la Industria Naval establecida en la presente norma».
InfoGEI