La Justicia Federal investiga a la firma por presuntas irregularidades en el movimiento de más de 30.000 toneladas de un precursor químico. Detectaron diferencias de stock, camiones sin GPS y depósitos sin habilitación.
Una operatoria portuaria valuada en casi cinco millones de dólares quedó bajo investigación de la Justicia Federal de San Nicolás. La causa involucra a Terminales y Servicios S.A., una empresa dedicada a la logística, y a su presidente, por presuntos incumplimientos en el transporte y almacenamiento de carbonato de sodio, una sustancia de uso industrial que también se encuentra sometida a controles por su posible utilización en la elaboración de estupefacientes.
La pesquisa se inició a partir de un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional el 12 de junio pasado. Según los elementos reunidos, la operatoria involucró 30.038 toneladas de carbonato de sodio importadas por una empresa minera y transportadas desde el puerto mediante una flota de 31 camiones.
Entre las irregularidades detectadas, se encuentran la falta de inscripción de los vehículos y del depósito utilizado para almacenar parte de la mercadería en el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre), y el empleo de camiones y conductores de una empresa tercerizada que no estaban registrados ante el organismo de control. También se advirtió que los traslados se realizaron sin los remitos comerciales correspondientes ni el Código de Autorización de Impresión (CAI) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).
Uno de los puntos bajo análisis es el almacenamiento de 2.120 toneladas de carbonato de sodio en un depósito de la firma que no contaba con la habilitación correspondiente.
La fiscalía también relevó diferencias de stock con 20 toneladas respecto de los registros aduaneros y otras 85 toneladas en los cruces de información con los depósitos de la firma. A su vez, se detectaron inconsistencias entre las fechas declaradas de arribo del buque, los pesajes portuarios y los registros aduaneros.
La pesquisa se inició a partir de un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional el 12 de junio pasado.
Por otra parte, según la información aportada por la empresa prestataria del servicio de geolocalización, 18 de los 31 camiones utilizados no tenían activo el sistema de GPS y, en los restantes, se detectaron desvíos de ruta que no habían sido informados.
Las actuaciones también incluyen presuntas inconsistencias en la documentación presentada para operar la carga, que habría sido declarada como fertilizante, y la falta de entrega de información requerida sobre el contrato comercial y la capacidad del depósito.
De acuerdo con la información incorporada a la pesquisa, la firma luego regularizó la inscripción del depósito y de los vehículos secuestrados ante el Renpre. Sin embargo, en el ámbito administrativo el organismo de control le impuso una multa de 504.688 pesos por los incumplimientos detectados, ratificando que el mero inicio del trámite no autoriza el acopio anticipado de sustancias controladas.
En el proceso penal, la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás solicitó un embargo preventivo de 100 millones de pesos sobre el patrimonio de Terminales y Servicios S.A., con el objetivo de asegurar las eventuales responsabilidades económicas derivadas de la causa.
Durante la audiencia, la defensa solicitó el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos constituían irregularidades de índole administrativa. Sin embargo, el juez compartió los argumentos del Ministerio Público Fiscal respecto de la materialidad de los hechos y las evidencias reunidas, dio por formalizada la investigación por considerar que la conducta encuadra en el artículo 44 bis de la Ley 23.737 y, además, hizo lugar al embargo preventivo de 100 millones de pesos solicitado por la fiscalía. Villafuerte Ruzo también fijó un año como plazo para el desarrollo de la investigación.
Foto: Gendarmería Nacional