Por Walter Castro: Casi todos los casos importantes de pesca INDNR implican una propiedad opaca, lo que hace que sea extremadamente dificil combatirlo adecuadamente.
El claro ejemplo son las *operaciones españolas* de hace años que tuvieron como objetivo una red de barcos involucrados en la *pesca ilegal en el Océano Austral* muchos de los cuales utilizaban estructuras corporativas complejas para evadir la detección y la rendición de cuentas.
Sin saber quién controla en última instancia un buque, las autoridades no pueden aplicar sanciones eficazmente, y estos individuos pueden simplemente cambiar el pabellón de los buques, utilizar empresas fantasma o crear nuevas estructuras corporativas para evadir las consecuencias.
Si no se puede rastrear el dinero ni identificar a los verdaderos responsables de la pesca INDNR, se permite la impunidad y el ciclo continúa.
En el Atlántico Sur, existen barcos pesqueros españoles que faenan en aguas internacionales, incluyendo zonas cercanas a las Islas Malvinas, donde la situación legal es compleja debido a la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido. Estas actividades pesqueras son motivo de controversia, ya que Argentina considera que parte de esta pesca es ilegal y afecta sus recursos marinos.
Los conglomerados españoles tienden a distribuir la propiedad entre complejas redes de filiales extranjeras y empresas conjuntas.
Por ejemplo, Pescanova S.A. posee legalmente al menos 30 buques, con bandera de Argentina, Chile, Mozambique, Namibia y el Reino Unido, presentándose a menudo como empresas registradas localmente, pero manteniendo la propiedad legal centralizada en el extranjero.
Estas estructuras de propiedad oscurecen la rendición de cuentas y permiten que las ganancias fluyan de los Estados ribereños y del pabellón a sedes extranjeras.
Esto socava la autoridad reguladora de los Estados en cuyo nombre se pesca y plantea interrogantes cruciales sobre la equidad y el poder en la pesca mundial.
Cuando la propiedad es opaca y altamente concentrada, distorsiona la competencia, limita los beneficios económicos de las comunidades costeras y consolida el control de los recursos marinos públicos en manos de unos pocos actores transnacionales.
En resumen: un puñado de corporaciones poderosas que operan a través de las fronteras con una *transparencia limitada* moldean cada vez más el futuro de la pesca industrial, mientras que muchos estados costeros deben afrontar las consecuencias.
Walter Castro
Secretario General de SANAM