Bruselas, 29 oct (EFE).- Las insuficientes medidas de control en algunos Estados miembros contra la pesca ilegal están socavando los esfuerzos en ese ámbito de países como España, así como de la Comisión Europea, según denuncia un informe de la Fishing Coalition («Coalición Pesquera») publicado este miércoles.
El texto incluye a España entre los Estados miembros que están implementando controles de importación más estrictos, dado que el país «inspecciona más del 70 % de todas las importaciones directas».
El análisis, que examina la aplicación del Reglamento europeo contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada entre 2020 y 2023, revela que algunos países «han incumplido sistemáticamente incluso los controles más básicos sobre las importaciones de productos pesqueros».
Por ejemplo, en 2022 y 2023, Italia solo verificó un certificado de captura cada año y Portugal verificó cinco al año entre 2020 y 2023, rechazando solo dos envíos.
Esto expone a la UE «a un alto riesgo de importar productos (pesqueros) asociados a delitos contra las personas y el medio ambiente».
Distintos Estados miembros «están descuidando la investigación adecuada de los envíos de productos pesqueros procedentes de países de alto riesgo, al no verificar continuamente los certificados de captura destinados a demostrar que el pescado ha sido capturado legalmente», alerta el informe.
El hecho de que no exista el mismo nivel de inspecciones en toda la UE hace que los «agentes malintencionados aprovechen los puntos de entrada más fáciles para acceder al mercado de la UE, sin la debida supervisión».
La legislación comunitaria obliga a los Estados miembros a inspeccionar al menos el 5 % de todas las capturas descargadas procedentes de países no pertenecientes a la UE. El incumplimiento de este umbral legal ya se observó en el pasado y «ha persistido en el período 2020-2023″ en países como Países Bajos, Polonia, Dinamarca y Lituania».
En particular, Países Bajos y Polonia «son particularmente preocupantes», dice el mismo estudio, que señala que Dinamarca «debe mejorar sus inspecciones», que han disminuido en los últimos años y cayeron por debajo del umbral legal del 5 % en 2023.
Existe una diferencia notable entre estos Estados miembros y otros como España e Irlanda, que han inspeccionado más del 70 % y el 30 %, respectivamente, durante el mismo período.
El informe alerta de que todavía hay muchos productos pesqueros en la UE que proceden de capturas resultado de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y recuerda que los Estados miembros «tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y a su industria pesquera».
La «Fishing Coalition» está integrada por la Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts y WWF UE.
Thomas Walsh, de Fishing Coalition consideró que el número de importaciones a las que se ha denegado la entrada al mercado sigue siendo «sorprendentemente bajo, incluso en los principales países importadores de productos pesqueros, como Italia y Portugal».
Añadió que a esta situación se suma el «incumplimiento generalizado por parte de algunos Estados miembros de su obligación legal de inspeccionar al menos el 5 %» del pescado procedente de buques no pertenecientes a la UE y apuntó a Países Bajos como el «caso más preocupante», dado que sigue «recibiendo grandes volúmenes de productos pesqueros procedentes de Estados del pabellón de alto riesgo, como Rusia, y aún así no cumplen este requisito mínimo de inspección».
Agencia EFE