El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial registró dos arbitrajes promovidos por accionistas de Montecon contra Uruguay. Los propietarios de Montecon recurrieron al Ciadi por entender que su actividad en el puerto de Montevideo es perjudicada.
Las empresas recurrieron al organismo internacional para oponerse al acuerdo firmado por el gobierno y Katoen Natie para la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP, propiedad mayoritaria de la multinacional, con participación del Estado).
Mediante un comunicado, Neltume Ports (de origen chileno y accionista mayoritaria de Montecon) anunció la solicitud del arbitraje contra el Estado uruguayo por US$ 600 millones. La solicitud quedó registrada en el organismo el jueves 23 de mayo.
La empresa es propiedad de la chilena Ultramar (60%) y la canadiense ATCO (40%). La acción se inicia invocando la violación del tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Chile.
A su vez, ATCO ya había anotado una solicitud de arbitraje en el organismo el 9 de mayo.. En esta oportunidad mencionó al tratado que existe con Canadá.
Neltume Ports informó que el Estado uruguayo violó el acuerdo de inversión con medidas que le impidieron a Montecon transferir y almacenar contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo y que desconocen el régimen legal de libre competencia.
La empresa compite con TCP, terminal especializada en contenedores que logró la extensión de la concesión hasta 2081 con el acuerdo firmado entre el gobierno y Katoen Natie.
El contrato fue acompañado de dos decretos (en abril de 2021) que además le concedieron a TCP la prioridad para el atraque de barcos portacontenedores y, por tanto, le aseguró la mayor cantidad de mercadería a movilizar.
Este viernes, el presidente Luis Lacalle Pou, defendió la postura asumida por el gobierno en la firma de la extensión del contrario con Katoen Natie, a la que definió como “la inversión portuaria más grande de la historia del país”.
Añadió que los empresarios que se opongan al acuerdo están en su derecho de recurrir a diferentes organismos de resolución de conflictos. “Es un tema de empresarios que ven, supuestamente, afectados sus intereses y van por ese carril. Obviamente no lo comparto”, dijo.
“Cuando uno ve el tipo de usuarios que hay en el puerto de Montevideo, me parece que algunos, inclusive, fueron privilegiados en su momento”, concluyó.
Con información de: El Observador – Uruguay