Es el tìtulo de un comunicado de prensa emitido por la Asociaciòn del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) en oportunidad de conocerse, la semana pasada, un informe generado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) donde prácticamente «destruyen» al Puerto fueguino y piden su intervención al Gobierno Nacional.
Según APDFA llama la atención una cantidad de observaciones que contiene el Informe de Auditoria originado por la denuncia de una persona (empleado del Puerto de Ushuaia) ante el Organismo Nacional, conducido por el Dr. Iñaki Arreseygor.
A la organización gremial que nuclea a directivos, profesionales y técnicos de la actividad portuaria le llama la atención cosas como:
Que el informe haya *tomado estado público* al mismo momento que se le notificó a la Dirección Provincia de Puertos, máxime cuando se tocan temas sensibles de seguridad física y de seguridad operativa de una terminal portuaria internacional.
Que no haya sido la Prefectura Naval Argentina como organismo responsable de aplicación, habilitación y control de cumplimiento del Código de *Protección de las Instalaciones Portuarias* (Código PBIP), – de exigencia internacional – quien advirtiera sobre falencias en la seguridad.
Que la “Auditoría” se haya involucrado en temas de administración económica-financiara del Puerto de Ushuaia cuando es potestad del “ *Honorable Tribunal de Cuentas* ” de la Provincia de Tierra del Fuego el control de gestión de estas.
Que los integrantes de la “Auditoria”, enviada por la ANPyN, sean varios *funcionarios* que promovieron, desarrollaron y firmaron el “Pliego de Licitación de la Hidrovía” que fue declarado como direccionado y cargado de fallas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en un informe de más de 70 páginas, lo que obligó al organismo nacional a realizar un nuevo llamado a Licitación.
Que el informe se haya dado a conocer, públicamente, diez días antes de un *proceso eleccionario*, sin la oportuna y correspondiente anticipación a las autoridades locales.
Que este informe surge justo en el momento donde *intereses privados y extranjeros* han mostrado un sobresaliente interés sobre las terminales portuarias fueguinas (Ushuaia y Río Grande).
Que el informe diera a conocer falencias estructurales y de seguridad a un mes de iniciarse la *temporada de Cruceros* en la provincia, donde, como es de conocimiento del Organismo Nacional, se estima la recalada de más de 550 embarcaciones de este tipo.
Que el reclamo provenga de un trabajador portuario, el señor Juan Avellaneda , integrante de un sindicato “Ferroviario” con 6 afiliados, cuando ni el puerto, ni la provincia, tiene ferrocarril y que, para realizar la “Auditoria” se movilizaron 9 (nueve) funcionarios nacionales de cargos gerenciales, directores y asesores legales.
Que ante la denuncia, no se le haya corrido conocimiento a la Autoridad Portuaria Provincial para el descargo que considerada pertinente.
Que el informe de “Auditoría”, haya involucrado cuestiones referidas al cuidado del *Medio Ambiente* , toda vez que son responsabilidad de la Prefectura Naval Argentina que no han sido delegadas. Además, no cita, cual es el “ *interés Público* ” que se encuentra en juego, como para pedir la intervención del Puerto de Ushuaia.
Con estas incógnitas y más, el comunicado de prensa de APDFA cierra con una concluciòn peligrosa «nos queda la sospecha que la oportunidad y conveniencia del fondo y la forma de éste informe, podría esconder una operación política destinada al Gobernador Fueguino y a las autoridades portuarias«.
Detalla que «a la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA)* solo nos interesa garantizar la operatividad del Puerto de Ushuaia, preservar las fuentes de trabajo de nuestros representados, y aportar a la sustentabilidad de la actividad portuaria, cuestiones que han sido afectadas y atacadas directamente por este informe».