Por la caída de contratos de fazón y una situación financiera límite, Vicentin cerró este fin de semana sus dos principales plantas industriales en Santa Fe, dejando a más de 1.000 empleados directos al borde del abismo laboral y arrastrando en su caída a una extensa red de productores, proveedores y actores clave del sector agroexportador.
La empresa, que fue uno de los mayores exportadores de granos del país y supo representar el 10% de la capacidad de molienda nacional, frenó por completo su actividad en las plantas ubicadas en Avellaneda y Ricardone. La medida, comunicada oficialmente por la propia compañía, responde a la falta de contratos de procesamiento para terceros –su único canal de ingresos desde su derrumbe financiero en 2019– y a una crítica falta de liquidez.
«En este momento se impone la protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible», señaló la firma en un comunicado emitido este sábado.
Sin ingresos ni respaldo, la cerealera cae en picada
Desde hace semanas, Vicentin venía alertando sobre su incapacidad para cumplir con compromisos financieros. No abonó aún los salarios de marzo, ni siquiera había terminado de pagar los sueldos de febrero, lo que generó alarma entre los trabajadores y activó el estado de alerta en el gremio aceitero. Si la situación no se revierte en los próximos días, podrían desatarse medidas de fuerza de alto impacto en toda la industria.
La situación se agravó cuando la audiencia convocada por el juez del concurso para intentar reactivar contratos con actores clave –como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Bunge-Viterra– fracasó estrepitosamente por la ausencia total de inversores. Sin nuevos fasones, sin materia prima y sin respaldo financiero, la decisión fue el cierre total.
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Una jugada de presión y un proceso judicial sin rumbo
Fuentes del sector interpretan el cierre como una jugada para forzar definiciones en la Justicia y presionar a los inversores estratégicos. El expediente concursal, que había alcanzado una aprobación superior al 70% de los acreedores, sigue sin homologación judicial, y el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de la Nación.
La compañía, en tanto, responsabilizó a la inacción judicial por haber llegado a este punto: «Lamentamos que habiendo encontrado la salida clara, concreta y tangible hace más de tres años (…) hayamos alcanzado esta situación extrema que trae zozobra a Vicentin y a la comunidad», comunicaron.
Mientras tanto, la parálisis deja en riesgo no solo los puestos directos, sino también unos 3.000 empleos indirectos asociados a la cadena de proveedores, transportistas y cooperativas.
Prisión preventiva para exdirectivos: fraude y asociación ilícita
A nivel judicial, el escándalo no da tregua. La semana pasada, la Justicia de Rosario dictó prisión preventiva para cuatro ex directivos de la empresa: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, imputados por presunta asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta.
Según la fiscalía, se los acusa de haber orquestado un esquema de desvío sistemático de fondos, falsificación de balances y simulación de operaciones por un monto cercano a 600 millones de dólares, incluso después de que Vicentin ya se encontraba en concurso de acreedores.
“Formaron parte de una red que funcionó de manera coordinada para perjudicar a acreedores, entidades financieras y socios estratégicos”, sostienen desde la investigación.
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El impacto en el sector agroindustrial y una deuda millonaria
La caída de Vicentin no es solo un golpe para sus empleados. El complejo agroindustrial argentino observa con creciente preocupación el futuro de una compañía que fue central en el engranaje exportador nacional.
En paralelo, trascendió que la firma mantiene una deuda de más de $400 millones con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, lo que podría desembocar en un inminente corte de energía en una de sus plantas, sumando un nuevo frente a la ya crítica situación operativa.
Hoy, Vicentin se encuentra sin operaciones, sin ingresos, con deudas impagas, un proceso judicial sin resolver y un frente penal en plena escalada. Su continuidad está atada a decisiones judiciales y a un eventual acuerdo con los jugadores clave del sector.
Fuente: Pamela Orellana – Para Grupo Provincia