La Agencia Nacional de Puertos y Navegación adjudicó, el pasado jueves 18, la concesión de la Vía Navegable Troncal por un plazo de 25 años al consorcio integrado por la firma belga Jan De Nul N.V. y la argentina Servimagnus S.A., tras concluir el proceso de licitación pública nacional e Internacional N° 1/2025.
La decisión quedó formalizada mediante una resolución firmada por el director ejecutivo de la ANPyP, Iñaki Arreseygor, que aprobó lo actuado en la tercera etapa del procedimiento y confirmó la adjudicación a la oferta que obtuvo el primer lugar en el orden de mérito por resultar la más conveniente desde el punto de vista técnico y económico, de acuerdo con las exigencias establecidas en los pliegos licitatorios.
La concesión comprende las tareas de dragado, redragado, mantenimiento y señalización de la Vía Navegable Troncal, el tramo abarca desde el kilómetro 1.238 del río Paraná, en el punto denominado Confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales del Río de la Plata exterior, incluyendo los principales canales de acceso a los puertos del complejo agroexportador.
De esta manera, el Gobierno nacional adjudicó la gestión de la principal ruta fluvial del país a Jan de Nul-Servimagnus y cerró el proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal mas cuestionada de la historia.
La adjudicación no suspende los efectos de las causas judiciales en trámite y aquellas que seguramente llegarán, máxime si tenemos en cuenta el último informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que advirtió «serias y evidentes irregularidades en la redacciòn de los pliegos. Lo cual, en lógica consecuencia conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasible de reproches administrativos y/o penales«.
Con esta adjudicación finaliza la gestión estatal directa de la infraestructura y comienza una nueva/vieja etapa bajo administración privada, mientras el Estado conservará tareas de control y supervisión, que no fueron ni aclaradas ni formalizadas.
La integridad del río se encontró amenazada por una escandalosa licitación pública concretada por el Poder Ejecutivo Nacional que está orientada a habilitar, entre otras cosas, obras de dragado, ampliación y mantenimiento de puertos y terminales por parte de empresas extranjeras sin la debida adecuación al marco jurídico vigente para realizar este tipo de actividades en suelo nacional, tal como queda demostrad en la diversidad de denuncias y pedidos de cautelares presentadas ante la justicia..
Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos, se asegura la no participación de capitales chinos en el proceso y el control total de de vía navegable que alcanza a cuatro países (Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina).