El dragado del Canal sur a la Coarte Suprema de Justicia por facturas impagas

La Administración General de Puertos llevó a la provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un reclamo de facturas impagas vinculadas a trabajos de mantenimiento en los canales de acceso al Puerto de Buenos Aires, el Canal Sur y el área operativa relacionada con el Puerto Dock Sud.

El expediente, identificado como CAF 17825/2020/CS1, no tuvo todavía una definición sobre el fondo del asunto, pero, según informa el portal realpolitik.com.ar  el máximo tribunal resolvió asumir competencia originaria y mantener abierta la discusión judicial.

El medio digital informa, el día de ayer, que la causa enfrenta a un organismo nacional con la administración bonaerense. De un lado aparece la Administración General de Puertos, que administra el Puerto Buenos Aires y las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, y del otro, a un organismo – Ente Público No Estatal – de la provincia de Buenos Aires, el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, bajo la órbita del entonces ministerio de Producción bonaerense y la dirección provincial de Actividades Portuarias.

Según surge de la resolución judicial, AGP demandó a la provincia de Buenos Aires para reclamar el pago de facturas que, según la empresa estatal, quedaron impagas tras trabajos de mantenimiento realizados en tramos comunes de los canales de acceso al Puerto de Buenos Aires y al Canal Sur.

El planteo apunta a que esas tareas también habrían beneficiado al Puerto Dock Sud, cuya administración corresponde a la jurisdicción bonaerense. La actora sostuvo que el organismo descentralizado provincial (el Consorcio de Gestión)  “no abonó las facturas correspondientes a los trabajos realizados”, pese a haberse beneficiado con el mantenimiento efectuado.

En marzo del corriente año, fuentes del Consorcio Portuario aseguran a este medio, que el reclamo no es nuevo y que se centra en una «cantidad de obras complementarias, de las que el Ente provincial había expresado su voluntad de pago«, pero con la exigencia de certificación de obra previo a pagarlas «nos reclaman el pago de supuestas obras complementarias de las cuales no tenemos ninguna información» aseguraron las fuentes del directorio.

El juez federal interviniente entendió que el caso correspondía a la competencia originaria de la Corte Suprema, y finalmente, la decisión de aceptación de competencia, fue adoptada por los ministros de la Corte, Horacio RosattiCarlos Rosenkrantz Ricardo Lorenzetti.

La Corte, tendrá que resolver el fondo de este conflicto entre la Nación y la Provincia, uno mas, ya que también deberá que resolver el reclamo «billonario» realizado por la Provincia contra la Nación, por aportes retenidos y no girados a Buenos Aires.

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