Ambientalistas y ex combatientes recurrieron a la Justicia Federal para frenar las obras y el financiamiento del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La acción fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el CECIM La Plata, quienes solicitaron suspender perforaciones, instalaciones, tendido de cañerías, movimientos del lecho marino y cualquier actividad vinculada al desarrollo petrolero.
El proyecto petrolero es impulsado por la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Según los demandantes, la iniciativa avanza sin autorización argentina y sin una evaluación de impacto ambiental realizada bajo la legislación nacional.
El planteo combina dos ejes: la protección ambiental y la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
El proyecto Sea Lion (león marino) tal como se conoce el emprendimiento, está ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Navitas prevé una primera etapa con 11 pozos y una segunda con otros 12, conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera offshore a una profundidad aproximada de 450 metros. Fue el primer yacimiento de petróleo descubierto en las aguas que rodean al archipiélago, luego de que Rockhopper anunciara el hallazgo en mayo de 2010.
La iniciativa volvió al centro de la escena después de una demanda judicial presentada en Argentina por abogados ambientalistas y excombatientes de la Guerra de Malvinas. El planteo cuestiona tanto la explotación de hidrocarburos como los posibles impactos ambientales y se suma al conflicto de soberanía que mantienen Argentina y el Reino Unido.
La empresa proyecta obtener el primer petróleo en marzo de 2028 y extender la producción durante más de 30 años.
Además, los demandantes buscan frenar contratos, desembolsos, transferencias y garantías destinados a financiar el proyecto, y piden identificar a bancos, fondos y aseguradoras que participen de su desarrollo.
Para los impulsores de la demanda, la explotación petrolera representa una doble problemática: riesgo ambiental y una modificación unilateral de la situación mientras continúa la disputa de soberanía. “Cada pozo busca perforar también el derecho”, sostiene el escrito presentado ante la Justicia.