Conciliación obligatoria para el paro lanzado por la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara)

La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria en el paro de todos los puertos del país lanzado por URGARA. La medida de fuerza iba a implementarse ayer a partir de las 22, pero quedó sin efecto.

En un comunicado oficial, el sindicato explicó que el cese de actividades era consecuencia directa del fracaso en las negociaciones paritarias con la Cámara de Puertos Privados Comerciales. El gremio denunció la negativa empresaria a presentar una oferta salarial que logre recomponer la pérdida del poder adquisitivo sufrida por los trabajadores durante el cuatrimestre de mayo, junio, julio y agosto de este año.

En el documento, la conducción de URGARA apuntó con dureza contra el sector portuario y agroexportador, señalando que las empresas se encuentran “beneficiadas por políticas de gobierno y por niveles de actividad y producción históricamente elevados”. Bajo esta premisa, calificaron como un “semejante contraste” el hecho de que se mantenga un atraso en los sueldos mientras el sector registra rendimientos financieros extraordinarios.

Desde la organización sindical afirmaron haber agotado todas las instancias de diálogo disponibles, tanto en el ámbito de las negociaciones privadas como en las audiencias convocadas ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, sin haber obtenido respuestas que consideren serias o concretas.

La cartera laboral dispuso una reunión el próximo 25 del corriente. El reclamo es de tono salarial (meses de mayo, junio, julo y agosto) ante las negociaciones fracasadas en la materia con la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).

Esta situación se suma a las que ya generaron tensiones e incertidumbre en la actividad agroexportadora. Primero asomaron los aceiteros, siguieron los marítimos, después fue la pulseada fuerte de los prácticos y ahora aparecen los recibidores de granos. Todos los conflictos surgieron a partir de medidas altamente cuestionadas del Gobierno Nacional, donde el sector agroexportador tubo directa vinculación, al punto de ser los escribas de las propias normas que generaron el conflicto.

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