El director de Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Salvador De Gaetano, cuestionó la licitación impulsada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para renovar el sistema de defensas del puerto de Ushuaia y aseguró que el pliego presenta errores técnicos y administrativos que generarían un sobrecosto de hasta 700 mil dólares.
Según explicó el funcionario, la DPP trabajó durante dos años en un proyecto que contemplaba la compra de distintos tipos de defensas, adaptadas a las características de cada sector del muelle. Sin embargo, la intervención nacional propone adquirir todas las defensas con las mismas especificaciones, incluso para sectores donde no serían necesarias, lo que, advirtió, podría generar inconvenientes operativos y un gasto mayor al previsto.
De Gaetano también señaló que el pliego no contempla un plan de gestión ambiental para el tratamiento de los residuos que se generarán durante la obra, como las defensas retiradas, combustibles y otros materiales, algo que consideró obligatorio según la normativa vigente.
Además, criticó el plazo de ejecución de 240 días, al entender que la obra podría extenderse durante la temporada alta y derivar en mayores costos. Otro de los cuestionamientos apunta a un ítem de aproximadamente $1.000 millones destinado a reparaciones de hormigón, sin detallar qué sectores serán intervenidos ni el alcance de esos trabajos.
«Este pliego está mal. Se está utilizando dinero del puerto para una contratación que implica gastos innecesarios y un importante sobreprecio», sostuvo el funcionario provincial.
LA INTERVENCIÓN A LA JUSTICIA FEDERAL
Trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y representantes gremiales presentaron acciones ante la Justicia Federal para cuestionar la legalidad de la intervención del Puerto de Ushuaia y solicitaron medidas cautelares para suspender sus efectos mientras se resuelve el conflicto.
Entre los argumentos, sostienen que la intervención afecta derechos laborales y sindicales, compromete la autonomía financiera del ente provincial y genera incertidumbre sobre la continuidad de las fuentes de trabajo. Además, señalaron que los ingresos de la operatoria portuaria estarían siendo depositados en cuentas de la Administración General de Puertos (AGP) en liquidación y no en la DPP.
Los trabajadores afirmaron que su intención no es afectar el funcionamiento del puerto ni la próxima temporada de cruceros, sino obtener una resolución judicial que aporte previsibilidad y garantice la normalidad institucional de una actividad considerada estratégica para Tierra del Fuego.