El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) anunció que emitirá su fallo sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina para suspender el proyecto Sea Lion el sábado 28 de noviembre de 2026. La decisión fue comunicada por el presidente del organismo, Maurice Kamga, al cierre de las audiencias en Hamburgo, Alemania.
Aunque Argentina esperaba una resolución más inmediata, el Tribunal fijó un plazo de 17 días para deliberar desde el cierre de los alegatos orales. La fecha confirmada despeja la incertidumbre sobre los tiempos, pero extiende el período de espera.
El pasado martes, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo abrió las audiencias por la solicitud argentina de medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. La Argentina argumentó que la explotación unilateral en un área en disputa viola la Convemar, mientras el Reino Unido defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales y rechazó la competencia del tribunal.
El embajador Mario Oyarzábal, agente de Argentina, sostuvo que Buenos Aires no busca que el TIDM resuelva la soberanía, sino que ordene el cumplimiento de obligaciones durante la controversia. Citó resoluciones de la ONU —como la 2065 (1965) y la 31/49 (1976)— que instan a evitar decisiones unilaterales. Además, advirtió sobre los riesgos ambientales: un fallo en 2015 y un plan de contingencia que estimaba un 30% de probabilidad de que un derrame afecte aguas argentinas.
Oyarzábal afirmó que “los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”. También cuestionó el vínculo entre la explotación y la base militar británica, citando documentos de 1991 que vinculan los ingresos petroleros con los gastos de defensa del Reino Unido.
Por su parte, la fiscal británica Ellie Reeves argumentó que las medidas solicitadas por Argentina impedirían el desarrollo económico de las islas, y esgrimió el derecho a la autodeterminación. Además, criticó que Buenos Aires no participó en consultas ambientales en 2024 y recordó el referéndum de 2013, donde el 99,8% de los isleños votó por mantener el estatus británico.
El debate no se limita al proyecto Sea Lion, sino que incluye tres preguntas de fondo:
– Si el Tribunal tiene competencia para intervenir.
– Si el daño alegado por Argentina es real e inminente.
– Si el Tribunal Arbitral del Anexo VII puede actuar antes de que comiencen las perforaciones.
En sus conclusiones, Oyarzábal sintetizó el pedido en cuatro medidas dirigidas al Reino Unido:
– Suspender toda nueva perforación e instalación de infraestructura vinculada a Sea Lion.
– Abstenerse de usar información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos.
– Cesar de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino bajo la CONVEMAR.
– No otorgar nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.