Por Jorge Frías – El Gobierno Nacional nos plantea una visión provocativa sobre la realidad económica y política argentina argumentando que la sociedad ha tolerado la apropiación injusta de recursos por parte de ciertos grupos de interés: empresas, cámaras empresarias y sindicatos, en perjuicio de los trabajadores; y que en consecuencia tal situación se ha naturalizado y requiere corrección urgente.
Una de las áreas destacadas es el sector pesquero, en el cual señala una situación de privilegio para unos pocos empresarios de la pesca quienes, mediante el pago de una regalía insignificante al Estado, accedieron a recursos marinos prácticamente de forma gratuita. Con la propuesta de subastar estos derechos de pesca para redistribuir las ganancias hacia la población refleja un intento de desafiar este statu quo y promover una supuesta distribución más equitativa de los recursos, sin definir claramente entre quiénes.
Sin embargo, el enfoque para lograr este cambio genera controversia. Recientemente se sugirió la posibilidad de “empobrecer” a los grupos de interés como una estrategia para debilitar su influencia y redistribuir los recursos hacia otros sectores de la sociedad. Esta postura plantea preguntas éticas y prácticas sobre los métodos adecuados para abordar la desigualdad y la concentración de poder.
En contraste, el planteo que realizó desde la Asociación de Capitanes de Pesca, a quien represento como su Secretario General, aboga por un enfoque constructivista de desarrollo socioeconómico. Proponemos analizar juntos las políticas económicas con una visión de crecimiento que fomente la colaboración en lugar de los enfrentamientos. Este enfoque busca encontrar soluciones sostenibles que promuevan el desarrollo inclusivo y la prosperidad a largo plazo.
Es crucial entonces analizar y cuestionar ambas perspectivas. Mientras que se nos plantea la necesidad de desafiar el statu quo y redistribuir los recursos de manera más equitativa, el enfoque en el empobrecimiento como estrategia puede generar consecuencias no deseadas, como mayor monopolización y el aumento de la pobreza y la exclusión social. Por otro lado, nuestra visión constructivista destaca la importancia de la cooperación y el diálogo en la búsqueda de soluciones económicas y sociales.
En última instancia, el debate entre el empobrecimiento y el desarrollo constructivista refleja tensiones más amplias dentro de la sociedad argentina en torno a la distribución del poder y los recursos. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la necesidad de desafiar las estructuras injustas y la importancia de construir consensos y colaboraciones para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.
Además este claro enfoque de generar empobrecimiento atenta contra el factor más relevante en el proceso de desarrollo económico que es el capital social, puesto que debilita las relaciones sociales y redes de confianza existentes entre todos los actores involucrados.
Sin capital social y, por ende, sin confianza mutua resulta inviable la articulación efectiva entre los distintos actores que colaboran entre sí para obtener mejores resultados económicos facilitando la cooperación, la coordinación y el intercambio de recursos.
En el contexto argentino, donde las relaciones laborales y comerciales pueden estar marcadas por la desconfianza y la competencia exacerbada, fortalecer el capital social es esencial para superar los desafíos económicos y construir una sociedad más justa, próspera y cohesionada, es por ello que proponemos la pronta revisión de la Ley 24.922, para cambiar la composición del Consejo Federal Pesquero que incluya en su organización la representación profesional de los Capitanes de Pesca, de manera permanente por su rol de Capitán de Pesca delegado de la Autoridad Pública a bordo y cabeza de la unidad productiva primaria que es el buque, máximo responsable de todas las medidas que se toman a bordo, y responsable civil, penal y económico; redefinir las funciones del CPF como organismo asesor con dictamen obligatorio, previo a las resoluciones de la Autoridad de Aplicación; y la utilización exclusiva del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) para la industria e incorporar condicionamientos a la renovación de la CITC.
Desde la Asociación que encabezo se ha elevado esta propuesta por nota a la totalidad de los Diputados de la Nación, dándole con ello el marco legislativo que debe atravesar la modificación de la Ley, siendo nuestro interés realizar este aporte para colaborar con el Gobierno y sus objetivos, apuntando al desarrollo responsable y equitativo de la industria pesquera argentina.
Jorge Frías
Secretario General de la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca
El documento se encuentra publicado en la página Web de la Asociación