Los funcionarios de inspección pesquera están a la espera de que MAPA y Trabajo los convoquen a una reunión, prometida en junio. Considera que el seguimiento de las jornadas de protesta convocadas hasta la fecha evidencian el «enorme malestar» del colectivo.
Así lo ha indicado Apipes, la Asociación Profesional de Inspectores de Pesca, quien ha lamentado que, a pesar de que el Gobierno “hace gala de buena fe negociadora pero no oferta nada concreto que permita alcanzar algún acuerdo que mejore sus condiciones laborales, retributivas y formativas”. La organización subraya el “enorme malestar” del colectivo, evidenciada en el seguimiento del 90 % de las jornadas de huelga convocadas en 2023 y 2024, indican.
Los inspectores de pesca retomarán, e intensificarán, su movilización laboral a la vuelta de agosto. Si la Administración no convoca al colectivo para abordar las mejoras propuestas en la instrucción de horarios, aseguran que irán adelante con su amenaza de huelga indefinida en septiembre.
La asociación recuerda que la actual instrucción de horarios se encuentra denunciada ante los Tribunales por los Sindicatos ELA y CCOO, así como por la Apipes, por “abusiva” e “incumplir la normativa comunitaria”. Entre los motivos de la denuncia se encuentra el hecho de que los inspectores de pesca no tengan descanso entre jornadas o carezcan de descanso semanal trabajando de 15 a 30 días de manera continuada, denuncian. Además,
Apipes destaca que los horarios para las inspecciones de campo no se proporcionan en plazo y que muchas jornadas laborales superan las 12 horas. La asociación habla de un “sinfín de incumplimientos” de una norma aprobada por la Administración y que los dos ministerios implicados, Trabajo y MAPA, incumplen “sistemáticamente”.
De manera paralela, Apipes ha denunciado ante Inspección de Trabajo que la Secretaria General de Pesca continua embarcando a personal de pesca “sin la formación que la propia Inspección ha establecido como obligatoria” tras una denuncia previa presentada por la asociación.
Mientras esperan por la reunión prometida por el Gobierno el pasado junio, los inspectores de pesca aseguran que “continuarán trabajando cumpliendo con los horarios que le son establecidos con un mes de antelación” y advierten que seguirán sin poder realizar su trabajo de forma efectiva con el “consiguiente perjuicio para el sector”.
Así, destacan que con el actual régimen es “imposible” controlar los desembarques en puerto ni el cumplimiento de los topes de especies como la sardina y la anchoa, lo que implica un descenso en el precio que se paga por estas especies a los pescadores o provoca la introducción en el mercado de pescado no legal generando un mercado negro sin que se pueda asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias. Además, ponen el foco en el escaso control del pescado importado o los retrasos en la campaña de atún rojo; el escaso control de la campaña del bonito; o la “nula capacidad” de actuación ante la flota recreativa.
Fuente: Industrias Pesqueras