«La Federación de Estibadores actividades en todo el países Portuarios de Argentina (FEPA) que conduce Marcelo Osores, resolvió convocar a un paro en todos los puertos del país ante el incumplimiento e los compromisos asumidos en materia laboral y salarial en los puerto de la Provincia de Chubut».
Asi lo informó a traves de un comunicado la federación que nuclea a todos los estibadores portuarios en el territorio nacional. El día miércoles se había realizado una asamblea donde se decidió esperar 48 horas para posibilitar un diálogo que busque soluciones al conflicto desatado en la provincia del Chubut.
Cumplida esas 48 horas, la federación resolvió decretar un paro nacional para el día lunes 26 de febrero «con acciones gremiales directas en todos los puertos del país«.
La Federación «advirtió» que «si se autoriza a trabajadores que no formen parte de las listas del SUPA CHUBUT, las autoridades competentes se harán responsables de lo que pueda suceder en el muelle» en un claro mensaje a las empresas pesqueras y al propio gobernador de la provincia Ignacio Torres.
De proceder de esta manera, la FEPA denuncia «una clara intención de hacer enfrentar a los trabajadores», y continua «De suceder esta situación, automáticamente se declarará un paro nacional previo a la fecha establecida en el plenario«.
Asimismo, en el comunicado emitido por la FEPA, Osores le reclama al gobernado Torres, que tome intervención en el conflicto haga cumplir con las negociaciones paritarias.
Recordemos que cinco miembros de la comisión directiva del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Chubut están enfrentando cargos por extorsión, delito que conlleva penas de 5 a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. Se debe a que el gobierno provincial, encabezado por Ignacio Torres, los denunció por ecocidio y extorsión a empresarios pesqueros.
Los dirigentes del SUPA Chubut con prisión domiciliaria son Alexis Gutiérrez, Claudio Villarroel, Bruno Vega, Juan Inalef y Juan Zambrano. Tras la intervención judicial, la fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, condenó a un mes de prisión domiciliaria a los cinco sindicalistas. “Se tuvieron que tirar langostinos, eso es criminal. Por eso le dijimos a la fiscal que haga las denuncias correspondientes. El que haga un paro de vuelta y por eso se pudra un langostino va a tener que dar respuesta a la Justicia”, había advertido, en ese momento (hace apenas 10 días) el gobernador Torres.