El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, cuestionó con dureza las políticas del Gobierno nacional hacia la Marina Mercante, alertó sobre una “entrega de soberanía” en el Paraná y el Atlántico Sur.
En una nota publicada por Mundo Gremial, Moreno se refirió a la Marina Mercante argentina que atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas.
Entre proyectos de desregulación, apertura del cabotaje a banderas extranjeras, crisis en la actividad pesquera y caída del empleo, los gremios del sector denuncian un proceso de desmantelamiento que —aseguran— pone en riesgo no sólo puestos de trabajo, sino también capacidades estratégicas vinculadas a la soberanía nacional.
En diálogo exclusivo con Mundo Gremial, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, advirtió sobre las consecuencias de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional, cuestionó la apertura de la ley de cabotaje, denunció competencia desleal en la Hidrovía y sostuvo que existe una decisión política de “destruir” el desarrollo industrial argentino. Además, defendió la necesidad de fortalecer la Marina Mercante, reclamó una ley federal de transporte y llamó a construir mayor unidad y acción dentro del movimiento obrero.
Moreno conduce uno de los sindicatos históricos de la actividad marítima y fluvial, integrante y miembro fundador de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), adherido a la Confederación General del Trabajo (CGT) y que en el último tiempo pasó a formar parte del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el nuevo espacio sindical que impulsa una postura más confrontativa frente al Gobierno nacional.
—Venís cuestionando con dureza algunas políticas del Gobierno nacional hacia la Marina Mercante. ¿Cuál considerás que es hoy el principal riesgo que enfrenta el sector?
—El riesgo que atraviesa hoy el sector tiene que ver con políticas que, desde un primer momento, fueron en contra del desarrollo de esta actividad. Tan en contra que las leyes que este Gobierno promocionó —o intentó promocionar— tienden directamente a su destrucción.
En el caso de la pesca, por ejemplo, en la Ley Bases el capítulo dos estaba referido a la derogación de la Ley Federal de Pesca. Eso implicaba abrirle el caladero argentino a flotas extranjeras: el que mejor pagaba podía venir, pescar y llevarse el recurso. Ni siquiera tenían la obligación de desembarcar en puertos argentinos; podían hacerlo en alta mar o en otros países. Eso destruía no sólo la flota pesquera nacional, sino también todo el trabajo que la actividad genera en tierra, en plantas procesadoras y servicios vinculados.
En el ámbito fluvial ocurrió algo similar con distintos decretos. El decreto 37, por ejemplo, derogó la obligatoriedad del uso de baqueanos y oficiales con conocimiento de zona para ciertos buques, exceptuando únicamente petroleros y de pasajeros. Eso pone en serio riesgo la navegación en un ámbito como el Río de la Plata y el Paraná, donde prácticamente toda la travesía se desarrolla en aguas restringidas. Eliminar capacidades profesionales que hacen a la seguridad de la navegación va claramente en detrimento de la actividad.
Y después estuvo el decreto 340, que se pudo frenar en el Congreso, pero que buscaba abrir la ley de cabotaje y permitir que buques de bandera extranjera, con tripulaciones extranjeras, navegaran el Paraná y el Atlántico argentino. Eso era el tiro de gracia para la actividad nacional.
Ahora vuelve a circular un proyecto similar de apertura del cabotaje. Este Gobierno tiene una particularidad: insiste permanentemente. Cuando no puede destruir algo en el primer intento, vuelve con un segundo o un tercero.
—¿Considerás que detrás de esas medidas hay una lógica de desregulación o directamente una política de entrega?
—No es una desregulación. Es una entrega. Una entrega del patrimonio argentino, de la soberanía y también de las capacidades profesionales de los trabajadores. Si un capitán, un oficial fluvial, un maquinista naval o un marinero pierde la posibilidad de embarcarse, pierde capacidades que tardan años en formarse y que después son muy difíciles de recuperar. Formar profesionales marítimos no es algo sencillo.
Cuando se avanza sobre el cierre de escuelas de formación, el objetivo es destruir la actividad. Lo que buscan es eliminar cualquier vestigio de desarrollo industrial y de soberanía económica. Y esto vale tanto para la Marina Mercante como para el sector pesquero. Muchas veces digo que los principales gendarmes del Atlántico Sur no son ni la Prefectura ni la Armada, sino los más de 500 barcos pesqueros que están todos los días trabajando y detectando cuando un buque extranjero intenta ingresar ilegalmente a nuestras aguas.
Por supuesto que la Prefectura y la Armada tienen sistemas de control y vigilancia, pero es imposible cubrir 4.500 kilómetros de litoral marítimo sin la presencia permanente de trabajadores argentinos en el mar. Además, Argentina tiene uno de los mejores caladeros del mundo gracias a políticas sostenidas durante años: la Ley Federal de Pesca, el Consejo Federal Pesquero y organismos científicos como el INIDEP, que regulan cómo, cuándo y dónde se debe pescar.
Fuente: Mundo Gremial