El Poder Ejecutivo de la Nación, encabezado por el presidente Javier Milei, enviará la próxima semana a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa busca endurecer drásticamente las sanciones contra empresas, accionistas y proveedores vinculados a operaciones comerciales directas o indirectas en las Islas Malvinas que se lleven a cabo sin autorización del Estado argentino.
Si bien el proyecto original apuntaba a frenar el avance de la explotación petrolera offshore, especialmente tras reactivarse el megaproyecto Sea Lion , desde la Casa Rosada estarían definiendo los detalles para extender las penalidades hacia la actividad pesquera.
El endurecimiento busca transparentar «zonas grises» societarias o logísticas (como contratos de comercialización o composición de directorios) para detectar y sancionar a las firmas que triangulan operaciones en el archipiélago.
El objetivo central del proyecto es forzar una disyuntiva comercial drástica: «que operar en Malvinas se traduzca en dejar de operar en Argentina«
Según los anuncios oficiales, la Cancillería ya inició procesos sancionatorios previos contra 60 empresas y personas que operan ilegalmente en la Cuenca Malvinas.
Las corporaciones o personas alcanzadas por el nuevo régimen no podrán celebrar contratos con el Estado nacional ni con privados dentro del país, y quedarán inhabilitadas para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La reforma le dará a la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera herramientas administrativas y de cruce de datos internacionales para detectar reorganizaciones societarias y vínculos indirectos (como contratos de comercialización o saldos con partes vinculadas). Esto le permitirá al Estado iniciar investigaciones de oficio sin necesidad de denuncias previas.
El texto definitivo se encuentra bajo revisión en la Secretaría Legal y Técnica y se estima que el Poder Ejecutivo planea enviar el paquete de leyes a la Cámara de Diputados el lunes 14 de septiembre, con la expectativa de iniciar los debates en comisión a finales de mes y obtener una sanción rápida gracias al consenso con sectores de la oposición.
La legislación argentina (a través de la Ley de Pesca Federal y normativas complementarias) prohíbe taxativamente que una misma empresa o grupo económico explote en simultáneo los recursos de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) continental y opere con las licencias británicas ilegítimas otorgadas en las Islas Malvinas.
Sin embargo, existen grandes holdings y conglomerados internacionales (principalmente de origen gallego, España) que logran sortear esta prohibición legal utilizando estructuras societarias indirectas, empresas mixtas (joint ventures) o cambios de denominación comercial. De esta manera, mantienen un pie económico en los puertos patagónicos del continente y otro en el caladero de las islas.
GRANDES GRUPOS EMPREESARIOS A LOS QUE YA SE LES CONOCE LA VINCULACION:
Grupo Pescapuerta: Es considerado uno de los casos más claros de triangulación o continuidad societaria indirecta en el Atlántico Sur.
- En Malvinas: Opera históricamente desde 1994 a través de la sociedad mixta Petrel Fishing Company (en alianza con el grupo local isleño Fortuna). Es el actor individual con mayor peso en el caladero colonial, controlando grandes arrastreros congeladores como el Beagle FI, Venturer, Falcon y el masivo Prión.
- En Argentina: Desembarcó originalmente en Puerto Madryn bajo el nombre de Pescapuerta Argentina S.A.. Para no perder sus valiosas cuotas de captura en el continente debido a las restricciones legales por Malvinas, en 2015 el grupo transfirió sus activos a la firma Estrella Patagónica (EPSA) mediante un cambio de denominación social, permitiéndoles mantener la relación comercial y operativa sin figurar directamente en los permisos argentinos.
Wofco / Polar Seafish: Representa uno de los entramados de vinculación indirecta comercial y de gestión más complejos bajo la lupa regulatoria.
- En Malvinas: Está ligado a la firma Polar Seafish y barcos arrastreros como el Robin M. Lee.
- En Argentina: El grupo inversor español mantiene operaciones en el continente; aunque legalmente no figure como dueño directo de la licencia en las islas, comparte directores y mantiene beneficios económicos con Lafonia, la comercializadora radicada en Vigo que gestiona y distribuye las capturas de los barcos que pescan en Malvinas.
Grupo Pereira: Otro gigante de la pesca de Galicia que distribuye su capacidad logística a lo largo del Atlántico Sur.
- En Malvinas: Explota fuertemente el calamar Loligo por medio de buques de bandera isleña como el Argos Cíes, Argos Pereira y Argos Berbés.
- En Argentina: Ha mantenido vínculos históricos de capitales o acuerdos comerciales con armadores locales en la Patagonia para el procesamiento y exportación de recursos como el langostino y la merluza hubbsi