La institución aprovechó el recambio de autoridades para sentar posición sobre la importación de buques usados, compromisos de construcción nacional, unidad de medida y la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados.
La asamblea, se realizó el 24 de abril, dio inicio al proceso de renovación de autoridades, en la cual fueron elegidos los miembros de la Comisión Directiva. Asi las cosas Marcelo Domínguez asumió como presidente; Rafael Guiñazú, vicepresidente; Sandra Cipolla, secretaria; Hugo Olmos, vicepresidente 2; Mario Bernachi, prosecretario, Eugenia Zanotta, tesorera; Laura Maroni, protesorera; Mariano Villarino, Oscar Arce, Sebastian Giorgio, Jesús Rodríguez y Jorge Pereda, vocales titulares; Nicolás García y Hugo Obregoso, vocales suplentes; Patricio Barros, revisor de cuentas titular y Alejandro Vaccari, revisor de cuentas suplente.
El presidente electo señaló además que «en este contexto emotivo fue imposible no repasar los inicios fundacionales de hace más de 22 años. Cuando se conforma nuestro estatuto vigente que claramente expresa los ejes centrales, objetivos que marcan nuestro rumbo. Promover, estimular y desarrollar la industria naval. Representar a sus asociados con el objetivo de fortalecer las actividades productivas. Hacer comprender, difundir y promover la importancia de reconocer e incluir a la Industria Naval como uno de los sectores estratégicos productivos para el crecimiento y desarrollo industrial argentino. Y claramente venimos sosteniendo y enriqueciendo estos ejes a través de 21 años«.
A su turno, Sandra Cipolla, la presidente saliente aseguró «Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las empresas asociadas por el acompañamiento permanente, por su participación activa y por confiar en este camino colectivo. Ha sido un honor presidir esta Cámara, representando a un sector que, a pesar de los desafíos, continúa apostando al trabajo, al desarrollo productivo y al crecimiento del país«.
Al concluir la votación, la asamblea ratificó por unanimidad un documento que refuerza la postura histórica de ABIN respecto a las nuevas medidas del Gobierno Nacional, permitiendo la importación de buques usados.
En el mismo se resalta que esta práctica es una anomalía para cualquier país con capacidad de producción local de estos bienes de capital. Esto se vuelve aún más relevante cuando el objetivo es propender a un desarrollo económico sostenible.
El documento, asegura que a lo largo de los años, la normativa vigente (Resolución 909/94 #MEOySP y sus modificaciones) ha tenido efectos adversos sobre la flota de bandera nacional, causando su constante envejecimiento y afectando negativamente a la industria naval argentina en su conjunto.
para la Asociación es urgente una nueva audiencia con las autoridades nacionales pertinentes para plantear una propuesta que contemple compromisos claros de construcción nacional, algo que permitirá desarrollar la industria local y generar mayores perspectivas de crecimiento para astilleros, talleres navales, estudios de ingeniería y toda la cadena de valor del sector.
ABIN, ya había presentado esta propuesta de consenso acompañada por el Consejo Económico y Social de la Industria Naval ante autoridades nacionales anteriores, y sigue trabajando por soluciones que equilibren el desarrollo de la marina mercante nacional con los intereses de la industria naval.
Fuente: El Cronista