El impacto no se limita al daño reproductivo del Mar Argentino, encierra una agresión comercial. España es el principal comprador del filet de merluza nacional (con 15.456 toneladas importadas por 56 millones de dólares en lo que va del año) y un mercado en fuerte alza para el congelado entero.
Para salvar el desastre provocado con el calamar Loligo, que por segundo año se vieron obligados a cerrar la campaña anticipadamente, sostienen que la merluza es un «depredador voraz» que hace desaparecer al calamar. Bajo esa hipótesis, los británicos habilitan una matanza que no solo carece de rigor biológico, sino que atenta contra tres décadas de políticas de conservación implantada por Argentina.
Al autorizar la depredación de merluza con licencias ilegales y un bycatch desmedido del 50%, la colonia británica y sus socios gallegos buscan inundar el mercado europeo con capturas de origen ilegal, compitiendo de manera desleal contra las exportaciones de la flota e industria que tributa y genera empleo en los puertos de la Patagonia.
El colapso del Loligo desnudó la fragilidad de un enclave cuyos ingresos corrientes dependen en un 58% del canon pesquero. Frente a la quiebra fiscal y el parate de las armadoras socias, la corona británica abandona cualquier pretensión de sustentabilidad y apela al saqueo abierto de la merluza común argentina.
La pretendida «abundancia» que los kelpers esgrimen no es un milagro biológico ni una plaga espontánea: es el resultado directo del Área de Veda Permanente para la Protección de Juveniles de Merluza que la Argentina sostiene con rigor desde 1997 en el Golfo San Jorge y aguas adyacentes. Mientras el Estado ribereño restringe faenas para garantizar la sustentabilidad, el enclave usurpa ese éxito biológico utilizándolo como fusible de descarte comercial
Fuente: Agencia Malvinas/Revista Puerto